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Impuesto de Sociedades, aclaraciones sobre plazos.

Via AEAT Preguntas frecuentes relacionadas con el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades (art 12 del RDLey 19/2020

¿Cuáles son los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales regulados en el RDLey 8/2020, modificados por el RDLey 19/2020?

El RDLey 19/2020, de 26 de mayo, modifica los apartados 3 y 5 del artículo 40 del RDLey 8/2020, de modo que el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios que quedó suspendido hasta que finalizara el estado de alarma, comenzará a contarse desde el 1 de junio de 2020.

Además, se reduce de tres a dos meses el plazo que se había establecido en el RDLey 8/2020 para que se reúna la junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, de modo que las entidades no cotizadas deberán tener las cuentas aprobadas antes del 1 de noviembre de 2020.

¿Cuál es el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2019?

De acuerdo con el artículo 124.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS), la declaración del Impuesto sobre Sociedades se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Con carácter general, cuando se trate de contribuyentes cuyo ejercicio económico coincida con el año natural, el plazo de presentación de la declaración queda fijado en los veinticinco primeros días naturales del mes de julio. Este año el 25 de julio de 2020 es sábado, por lo que el último día para presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades será el 27 de julio, que es el primer día hábil siguiente.

Si finalizado el plazo de presentación (art. 124.1 LIS) las cuentas anuales no se han aprobado como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020 ¿con qué datos se debe realizar la declaración?

Si a la finalización del plazo indicado en el artículo 124.1 de la LIS, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020, la declaración del Impuesto sobre Sociedades se realizará con las cuentas anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del aparado 1 del artículo 41 del RDLey 8/2020.
b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

La declaración del Impuesto sobre Sociedades que se presente en el plazo de presentación previsto en el art. 124.1 LIS sin que se hayan aprobado las cuentas anuales como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020, ¿tiene alguna peculiaridad? ¿debe marcarse alguna clave determinada?

En la declaración del Impuesto sobre Sociedades que se presente en el plazo de presentación previsto en el art. 124.1 LIS sin que se hayan aprobado las cuentas anuales, se tendrá que marcar una nueva clave denominada “Declaración correspondiente Art. 124.1 LIS sin aprobar cuentas anuales” que está ubicada en la página 1 del Modelo 200.

En el caso del Modelo 220, la casilla que se deberá marcar está en la página 1 y se denomina: “Declaración correspondiente al Art. 75 LIS con alguna entidad integrante del grupo fiscal sin aprobar sus cuentas anuales”.

¿En qué casos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020, tendrán la obligación de presentar la nueva declaración del Impuesto a que se refiere el RDLey 19/2020?

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020, tendrán la obligación de presentar la nueva declaración del Impuesto a que se refiere el RDLey 19/2020, en el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la ya presentada sin que se hubieran aprobado cuentas anuales.

Este diferimiento podrá consistir en cualquiera de los datos contables declarados con independencia de que afecten o no al resultado de la autoliquidación.

En el caso de estar obligados a la presentación de la nueva declaración, ¿cuál es el plazo de presentación establecido para la nueva declaración?

La nueva declaración regulada en el RDLey 19/2020 podrá efectuarse hasta el día 30 de noviembre de 2020.

¿Debe marcarse alguna clave específica cuando se presente la nueva declaración regulada en el artículo 12 del RDLey 19/2020?

Cuando se presente esta nueva declaración deberá marcarse la clave ubicada en la página 1 del Modelo 200 que se denomina “Nueva declaración según RDLey 19/2020”, así como el número de justificante de la declaración anterior, es decir, el número justificante de la declaración en la que se marcó la clave “Declaración correspondiente Art. 124.1 LIS sin aprobar cuentas anuales”.

En el caso de la declaración correspondiente a las entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, Modelo 220, deberá marcarse la clave ubicada en la página 1 del citado modelo, que se denomina “Nueva declaración según RDLey 19/2020”, así como también, el número de justificante de la declaración en la que se marcó la clave “Declaración correspondiente al Art. 75 LIS con alguna entidad integrante del grupo fiscal sin aprobar sus cuentas anuales”.

¿Cuáles son las consecuencias de la presentación de la nueva declaración regulada en el RDLey 19/2020?

a) La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos previstos en el artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (en adelante LGT) si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior presentada sin aprobar cuentas anuales.
La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LGT, desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124.1 de la LIS, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la LGT.

b) En el resto de casos, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.3 de la LGT, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 119.3 de la LGT.

Cuando se presente una nueva declaración regulada en el artículo 12 del RDLey 19/2020 que tenga la consideración de declaración complementaria, ¿qué claves debo marcar?

En caso de que la nueva declaración, que se presente como consecuencia de que la previamente presentada difiera de ésta debido la aprobación de las cuentas anuales, tenga la consideración de declaración complementaria, además de marcar la clave “Nueva declaración según RDLey 19/2020”, se deberá indicar en página 1 del Modelo 200 que es una declaración complementaria, así como el número de justificante de la declaración anterior, es decir, el número justificante de la declaración en la que se marcó la clave “Declaración correspondiente Art. 124.1 LIS sin aprobar cuentas anuales”.

En el caso del Modelo 220, también, se deberá marcar la clave de “Nueva declaración según RDLey 19/2020”, y se deberá indicar en página 1 del Modelo 220 que es una declaración complementaria, así como el número de justificante de la declaración anterior, es decir, el número justificante de la declaración en la que se marcó la clave “Declaración correspondiente al Art. 75 LIS con alguna entidad integrante del grupo fiscal sin aprobar sus cuentas anuales”.

Cuando se presente una nueva declaración regulada en la letra b) del artículo 12.2 del RDLey 19/2020 (por ejemplo, nueva declaración de la que resulte una cantidad a devolver mayor o una cantidad a ingresar menor), ¿qué claves debo marcar?

En caso de que se presente la declaración regulada en la letra b) del artículo 12.2 del RDLey 19/2020 (por ejemplo, nueva declaración de la que resulte una cantidad a devolver mayor o una cantidad a ingresar menor), deberá marcarse únicamente la clave “Nueva declaración según RDLey 19/2020” y cumplimentar el número de justificante de la declaración anterior, es decir, el número justificante de la declaración en la que se marcó la clave “Declaración correspondiente Art. 124.1 LIS sin aprobar cuentas anuales”.

En el caso del Modelo 220, también únicamente se deberá marcar la clave de “Nueva declaración según RDLey 19/2020” y cumplimentar el número de justificante de la declaración anterior, es decir, el número justificante de la declaración en la que se marcó la clave “Declaración correspondiente al Art. 75 LIS con alguna entidad integrante del grupo fiscal sin aprobar sus cuentas anuales”.

¿Puede presentarse la nueva declaración regulada en el artículo 12 del RDLey 19/2020 fuera del plazo establecido?

No, esta declaración se debe presentar en el plazo regulado en el RDLey 19/2020. Si se presenta una declaración del Impuesto sobre Sociedades como consecuencia de que la autoliquidación difiera por la aprobación de las cuentas anuales más allá del plazo de presentación del artículo 124.1 de la LIS, y fuera del plazo previsto para esta nueva declaración, esta declaración tendrá la consideración de extemporánea con las consecuencias ya previstas en la Ley General Tributaria. Asimismo, indicar que no podrá marcar la clave “Nueva declaración según RDLey 19/2020”.

Las nuevas claves que se incluyen en los modelos 200 y 220 para la correcta aplicación del RDLey 19/2020, ¿estarán disponibles a partir del 30 de noviembre de 2020?

No, las nuevas claves que se incluyen en los modelos 200 y 220 para la correcta aplicación del RDLey 19/2020, “Declaración correspondiente Art. 124.1 LIS sin aprobar cuentas anuales” y “Nueva declaración según RDLey 19/2020”, no estarán disponibles a partir del 30 de noviembre de 2020.

Las autoliquidaciones presentadas de acuerdo con el artículo 12 del RDLey 19/2020 ¿pueden ser objeto de comprobación por la Administración tributaria fuera del plazo establecido?

Sí, las autoliquidaciones presentadas de acuerdo con el RDLey 19/2020, podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las autoliquidaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 12 del RDLey 19/2020.

En el caso de que se presente la nueva declaración de acuerdo con el artículo 12.2.b) del RDLey 19/2020, con resultado a devolver ¿se tiene derecho a la percepción de intereses de demora sobre la cantidad ingresada previamente en la primera?

Cuando resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior en plazo, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el artículo 124.1 de la LIS hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación del tributo como consecuencia de la aprobación de las cuentas anuales, sin que se haya realizado ningún ingreso efectivo en la primera declaración, se aplicará el artículo 127 de la LIS. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir del día 30 de noviembre de 2020.

¿Estará disponible, con todas sus funcionalidades, los formularios web para el caso que sea necesaria la presentación de la nueva declaración prevista en el artículo 12.2 del RDLey 19/2020?

Sí. La nueva declaración, tanto si tiene la condición de complementaria (por mayor ingreso o menor devolución respecto de la primera), como en el resto de los casos, deberá presentarse utilizando los modelos aprobados para la declaración del Impuesto (modelo 200 y 220).

¿Es aplicable al régimen de consolidación fiscal el artículo 12 del RDLey 19/2020?

Sí. En el régimen de consolidación fiscal, es el grupo el que ostenta la consideración de contribuyente y todos los apartados del artículo 12 del RDLey 19/2020 son plenamente aplicables en relación con el régimen especial de consolidación fiscal.

En el caso de que concurra la circunstancia prevista en el apartado 2 del artículo 12 del RDLey 19/2020 en relación con las cuentas individuales de alguna entidad integrante de un grupo de consolidación fiscal, ¿debe presentarse un nuevo modelo 200 individual por parte de la entidad afectada?

Corresponde a la entidad representante del grupo fiscal el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal incluida la presentación del modelo 220 derivado de del RDLey 19/2020, respetando en todo caso el plazo límite del 30 de noviembre de 2020.

Las entidades que integren el grupo fiscal estarán igualmente sujetas a las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual, excepción hecha del pago de la deuda tributaria, es decir deberán presentar los modelos 200 que se deriven del RDLey 19/2020, respetando, igualmente, el plazo límite del 30 de noviembre de 2020.

En el caso de la declaración modelo 220 de grupos fiscales, ¿cuándo se debe presentar la segunda declaración modelo 220?

A la presentación del modelo 220 le son de aplicación todas las reglas anteriores. Además, en caso de que sea necesario presentar una segunda declaración modelo 220 por la existencia de entidades del grupo cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020, esta nueva declaración modelo 220 se recomienda presentarla una vez que se hayan aprobado todas las cuentas individuales de las entidades del grupo y siempre antes del 30 de noviembre de 2020.

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MEDIDAS PARA LA NUEVA REALIDAD EN ANDALUCÍA TRAS LA SUPERACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA COVID-19 / 9 de junio de 2020

Les dejamos a continuación las medidas preventivas que el Consejo de Gobierno ha aprobado tras el estado de alarma.
La orden refrenda la distancia social mínima de 1,5 metros y el uso de mascarilla cuando no pueda garantizarse esa medida.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/152637/consejodegobierno/Salud/Covid19/normalidad

Imagen Imagen de mohamed Hassan en Pixabay

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Breves apuntes sobre la fiscalidad del comercio electrónico en su vertiente de comercio entre particulares.

Por Ignacio Hidalgo Pérez.
Bufete Pérez de la Blanca

Es indudable el auge que ha experimentado en los últimos años el comercio electrónico, que crece sin parar gracias, entre otras razones, a la evolución de la tecnología y las comunicaciones, que permiten a cualquier empresa acceder al mercado global de una forma rápida, cómoda y sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Cuando hablamos de comercio electrónico, debemos distinguir tres tipos o vertientes: B2B (Business to Business o comercio entre empresas); B2C (Business to Consumer o comercio entre empresas y particulares); y C2C (Consumer to Consumer o comercio entre particulares). De estos tres tipos, vamos a centrarnos en el tercero de ellos, que, siendo quizás el menos conocido, está experimentando un gran auge y volumen en la actualidad.

Hoy día es muy habitual encontrarnos anuncios de plataformas de venta electrónica (online) en las que los particulares transmiten, venden o intercambian una variedad extensísima de productos y servicios (automóviles, tecnología, ropa, herramientas, alquileres o intercambios de inmuebles…) Cualquier cosa que se nos ocurra es fácil de vender y comprar en Internet (Ebay, Todocolección, Wallapop), siendo muchas veces particulares quienes realizan esas transacciones, en relación con objetos que ya no le son útiles o de los que quieren (o necesitan) deshacerse.

Hasta ahí, todo perfecto. Ahora bien, ¿qué ocurre con estas operaciones desde un punto de vista fiscal? ¿Deben declararse las operaciones realizadas? ¿Qué impuestos graban estas transacciones? ¿Cuál es la postura de Hacienda al respecto? Tratemos de dar respuesta a estas cuestiones para finalizar analizando qué ocurre con determinados medios de pago electrónico utilizados y la trascendencia fiscal de su utilización.

En primer lugar, debemos partir de una premisa que muchas veces ignoramos (incluso, deliberadamente): toda transacción económica, con independencia de quién la realice, tiene relevancia y consecuencias fiscales, por más que, en muchas ocasiones, dado el escaso importe de las mismas, el aspecto fiscal pase a un segundo plano o, incluso, se diluya en gran medida.

Cuando un particular vende (en este caso, por internet) un producto (entendemos que usado), genera una dualidad impositiva, directa e indirecta. La imposición directa tiene que ver con el hecho de que el posible beneficio que se pueda obtener debe ser considerado como una fuente de renta y, consecuentemente, tendría que incluirse en la autoliquidación anual del IRPF. Ahora bien, dado que estas operaciones entre particulares, normalmente, van referidas a productos usados o de segunda mano, es menos habitual encontrar situaciones en las que el vendedor obtenga un beneficio económico susceptible de ser declarado.

«Ahora bien, dado que estas operaciones entre particulares, normalmente, van referidas a productos usados o de segunda mano, es menos habitual encontrar situaciones en las que el vendedor obtenga un beneficio económico susceptible de ser declarado.»

No obstante, hemos de tener en cuenta que es posible que se logre obtener un beneficio , siendo el supuesto más habitual el de la venta de inmuebles, aunque es cierto que las particularidades de este tipo detransacciones, que requieren su formalización en escritura pública, hacen difícil encajarlas en el concepto de venta telemática u «online». También ocurriría en aquellos supuestos en los que transmitamos, por ejemplo, un bien que se considere como pieza de coleccionista, lo que, seguramente, dará lugar a que su precio de venta supere al de adquisición y genere una ganancia patrimonial, que debiera integrar la base imponible del impuesto sobre la renta del vendedor. Otro ejemplo muy habitual de renta obtenida por un particular mediante el comercio electrónico, es el alquiler de apartamentos turísticos a través de plataformas online (Booking y AirBnB, por ejemplo). En este caso, la renta obtenida no será ganancia patrimonial, sino que deberá formar parte de los rendimientos del capital inmobiliario.

«También ocurriría en aquellos supuestos en los que transmitamos, por ejemplo, un bien que se considere como pieza de coleccionista, lo que, seguramente, dará lugar a que su precio de venta supere al de adquisición y genere una ganancia patrimonial, que debiera integrar la base imponible del impuesto sobre la renta del vendedor

Por lo que a la imposición indirecta se refiere, las operaciones a las que nos venimos refiriendo, quedarían fuera del ámbito del IVA y entrarían en la esfera del ITPAJD, en su vertiente de TPO (trasmisiones patrimoniales onerosas). Con carácter general, el tipo de gravamen a aplicar es de un 4% para bienes muebles y de un 8% para bienes inmuebles (en Andalucía), si bien es cierto que, al tratarse de un impuesto cedido a las CC.AA., estás pueden establecer gravámenes diferentes (inferiores) o, incluso, exonerar aquellas operaciones que no superen un determinado valor (Madrid, por ejemplo, ha establecido una exención que alcanza a aquellas operaciones inferiores a 500 euros). En cualquier caso, debemos tener claro que no es un arancel nuevo, creado específicamente para este tipo de ventas online, sino que existe ya y es aplicable a todas las operaciones de compraventa.

Por lo que respecta a la posición de Hacienda (tanto Estatal, como Autonómica), dependerá del importe de la operación y de su capacidad para generar una renta susceptible de ser gravada. Es decir, la transacción despertará el interés de la AEAT en la medida en que lo que vendemos genere un beneficio importante (desde el punto de vista económico o monetario). En esa misma línea, la correspondiente agencia Tributaria autonómica estará, igualmente, interesada en gravar todas aquellas operaciones que le puedan generar ingresos más o menos relevantes, si bien, en las transacciones entre particulares no será la tónica habitual.

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¿Cuál es la implicación fiscal de tipo de medios de pago como Paypal?

En un artículo anterior, analizábamos la fiscalidad de las transacciones comerciales electrónicas entre consumidores (C2C). Toca ahora abordar el aspecto relativo a los medios de pago electrónico a través de plataformas financieras no convencionales. Nos referimos a aquellos medios de pago diferentes a los habituales (tarjeta de crédito/débito y transferencia bancaria), pero que cada vez tienen una mayor presencia en el comercio electrónico. Hay una gran variedad dentro de este tipo de medios de pago, como PayPal, Línea de pago, Shopify Pagos, TransferWise, Google Pay, Amazon Pay y muchas más. En este caso, vamos a centrarnos en la primera de ellas, PayPal, por ser, con diferencia, la plataforma de pago on line más utilizada.

Como indicábamos cuando hablábamos de las transacciones C2C, ¿cual es la implicación fiscal de este tipo de medios de pago? En primer lugar, debemos comenzar definiendo brevemente en qué consiste PayPal, algo para lo que acudimos a su propia página web, donde se autodefine como «un servicio que te permite pagar, enviar dinero y aceptar pagos sin tener que introducir tus datos financieros continuamente». Efectivamente, no es nada más (ni nada menos) que una forma de pago, una más, pero con unas virtudes que le han hecho extenderse como la pólvora y ser utilizada por 250 millones de personas, en 200 países y que alcanza 25 divisas.

Cabría preguntarse las razones por las que PayPal ha cosechado tanto éxito, y la razón es bien sencilla: seguridad, simplicidad y comodidad. Seguridad, porque evita que los datos financieros del comprador se trasladen de un lugar a otro por la red. Los datos solo se comunican una única vez a PayPal (al crear la cuenta) y en las diferentes transacciones es esta quién se encarga de hacer los pagos y cobros, pero sin enviar información financiera alguna del cliente. Simplicidad, porque no requiere ningún complejo mecanismo para su uso, bastando unos pocos minutos para registrarse, darse de alta y comenzar a funcionar. Comodidad, porque es una herramienta de pago que puede utilizarse en cualquier momento y lugar, mediante prácticamente cualquier dispositivo de acceso a Internet, ya sea un ordenador, una tablet, un teléfono móvil o, incluso, un smartwatch.

Aunque no es el propósito de este comentario, hemos de aclarar que PayPal ofrece distintas formas de pago: mediante tarjeta de crédito, mediante cargo directo en cuenta bancaria y a través del saldo acumulado en la propia cuenta de PayPal. Las dos primeras no ofrecen ninguna particularidad, más allá de la antes comentada respecto a la evitación de que los datos personales y financieros del pagador se transmitan por la red.

Respecto a la tercera posibilidad, el saldo acumulado en la cuenta PayPal, debemos aclarar que un usuario puede hacer ingresos en su cuenta de PayPal, generando un saldo positivo con el que, posteriormente hacer efectivo el pago de sus compras por internet. También puede recibir en ella el cobro de sus operaciones de venta online o por internet. Por tanto, tendría un mecanismo similar al de una cuenta bancaria, pero sin serlo. Esto es, no se trata de un depósito bancario como tal, sino de lo que la legislación española denomina «Cuenta de Pago» («merchant account», en inglés).

Una vez determinada la naturaleza y funcionamiento de este medio de pago, debemos preguntarnos algunas cuestiones importantes: ¿Debe declararse a Hacienda el saldo existente en una cuenta PayPal? ¿Deben declararse o informarse las transacciones realizadas a través de PayPal? ¿Puede Hacienda solicitarme información sobre los movimientos de mi cuenta de PayPal? ¿Puede Hacienda pedir información directamente a PayPal sobre mis movimientos?

Sobre la obligación de declarar el saldo de la cuenta PayPal, considero que, aunque no sea una cuenta o depósito bancario «stricto sensu», no sería difícil incardinarla dentro de las obligaciones de información que la legislación española, especialmente la referida a la lucha contra el fraude, establece para los depósitos o cuentas en el extranjero (Ley 7/2012 y RD 1558/2012), y que obliga a informar de su existencia en el supuesto de que dicho saldo supere los 50.000 euros.

Por lo que a la obligación de declarar las transacciones de PayPal se refiere, dicha obligación no viene dada por la existencia misma de la cuenta de PayPal, sino que irá directamente vinculada a la obligatoriedad de declarar aquellas operaciones susceptibles de generar un gravamen tributario, tal y como explicábamos al inicio. Es decir, si esas operaciones están sujetas a algún impuesto (directo o indirecto) en nuestro país, deberán ser informadas o declaradas en la medida en que la legislación propia de cada tributo así lo exija.

«Por lo que a la obligación de declarar las transacciones de PayPal se refiere, dicha obligación no viene dada por la existencia misma de la cuenta de PayPal, sino que irá directamente vinculada a la obligatoriedad de declarar aquellas operaciones susceptibles de generar un gravamen tributario.«

Finalmente, sobre si Hacienda puede solicitar información de la cuenta PayPal al contribuyente o a la propia compañía, hay que concretar, ya que no existe una respuesta general para todos los supuestos. Así, Hacienda podrá solicitar a un contribuyente información al respecto, siempre que lo haga en el ámbito de una investigación por una infracción en un procedimiento tributario concreto. La jurisprudencia ha dejado claro que Hacienda no podrá solicitar información de forma indiscriminada y sin estar vinculada a una investigación de una infracción fiscal concreta. De igual manera, Hacienda no podrá solicitar información directamente a PayPal sobre los movimientos o transacciones de una cuenta, debiendo acudir a los mecanismos de colaboración fiscal existentes entre los distintos miembros de la UE, lo que garantiza el control de cualquier atisbo de arbitrariedad que pudiera plantearse. No olvidemos, en este caso, que PayPal, a pesar de ser una compañía estadounidense, presta sus servicios de pago desde una entidad filial domiciliada en Luxemburgo, quedando, por tanto, sometida a la legislación europea.

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¿PUEDE UN TERCERO PUBLICAR MIS FOTOGRAFÍAS SUBIDAS EN UNA RED SOCIAL?

DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 24 DE FEBRERO DE 2020.
Por Óscar Santaella Sáez.
Bufete Pérez de la Blanca

La proliferación de las redes sociales como facebook, instagram o twitter hace que continuamente la sociedad se pregunte si el contenido subido por los usuarios de estas redes, especialmente fotografías, puede ser objeto de publicación por terceros. Podría pensarse que cuando el usuario de una red social hace pública una fotografía, ésta puede ser usada por cualquier otro usuario en cualquier momento y ámbito por entenderse que aquél ha dado su consentimiento.

Pues bien, el uso de la imagen ajena de una manera pública, caso por ejemplo en un medio de comunicación, no es una cuestión baladí, el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española que merece de un especial amparo. En este artículo analizaremos su contenido y modo de protección en las redes sociales a la luz, especialmente, de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional –sentencia de 24 de febrero de 2020-, órgano judicial encargado de velar en nuestro país, en última instancia, por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lo fundamental para resolver esta cuestión es tener en consideración cual es la finalidad del usuario de una red social para abrirse la misma y si la apertura de esa red social supone otorgar un consentimiento más allá de la propia accesibilidad de terceros al contenido de su cuenta. Nuestros Tribunales de justicia (caso de la Sentencia de 15 de febrero de 2017 de la Sala Primera del Tribunal Supremo) consideran que el hecho de que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet y ello, precisamente, porque la finalidad de una cuenta abierta en una red social consiste en la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación.

Ello se debe fundamentalmente a la necesidad de que el consentimiento del usuario sea expreso e inequívoco -en virtud de la Ley Orgánica 1/1982-, siendo insuficiente para ello la mera apertura de la red social y la subida de la fotografía a la misma, actuación que tampoco supone un acto propio para excluir toda protección al derecho a la imagen mediante la publicación de la fotografía en un medio de comunicación.  Ello no quiere decir que el consentimiento deba ser escrito, pero sí que pueda deducirse de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas.

En consecuencia, tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía de su titular, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la sociedad que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen. En ningún caso sería equiparable la publicación en una red social con la captación de una imagen en lugar público.

«Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen. En ningún caso sería equiparable la publicación en una red social con la captación de una imagen en lugar público.«

Partiendo de lo anterior, esto es, nadie puede hacer uso público de las fotografías subidas en redes sociales en la cuenta o perfil de su titular sin su consentimiento expreso, la cuestión que se puede suscitar y que fue abordada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 27/2020, de 24 de febrero de 2020, es que ocurre cuando el derecho a la imagen entre en colisión con el derecho a la libertad de información; pensemos que la persona con la cuenta o perfil en la red social ha sido objeto de alguna noticia periodística, es decir, un hecho noticiable ¿Sería posible la publicación de fotografías “colgadas” en las redes sociales?

Pues bien, la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional va en la misma línea anteriormente expuesta. Considera que el derecho a la propia imagen, como concreción del más amplio derecho a la dignidad de la persona dirigido a proteger la vida privada y familiar, que otorga la posibilidad de impedir la captación, reproducción o publicación de la información gráfica formada por sus rasgos físicos a cualquier persona no autorizada no impide que, en determinadas circunstancias, ceda a favor de otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos, lo que podrá ocurrir en los casos en los que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente sobre el interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen. Para ello será necesario constatar, con carácter previo, la relevancia pública de la información ya sea por el carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en sí en que esa persona se haya visto involucrada, y la veracidad de los hechos y afirmaciones contenidos en esa información.

Con carácter general, y sin entrar aún en publicaciones en redes sociales, según la doctrina constitucional, el derecho a la imagen deberá sacrificarse en aquellos casos en los que, aun sin su consentimiento, se capta, reproduce o publica un documento gráfico en el que la persona aparezca –de manera no accesoria– en relación con un acontecimiento público que posea el rasgo de noticiable, especialmente si es en el ámbito por el que es conocida para el público, es decir, relacionado con su cargo o profesión de notoriedad, de manera que el carácter noticiable de la información se erige, por tanto, en el “criterio fundamental” que puede hacer ceder un derecho público subjetivo como el derecho a la imagen.

Ahora bien, si nos centramos en el supuesto que nos ocupa relativo a la publicación de fotografías captadas en redes sociales, partiendo de la consideración de que el entorno digital no es equiparable al concepto de “lugar público” del que habla la Ley Orgánica 1/1982, no se puede considerar que los ciudadanos de la sociedad digital hayan perdido o renunciado a los derechos protegidos en el art. 18 CE, toda persona tiene derecho a controlar los datos que circulan en la red social y que le conciernen, considerando que el consentimiento solo ampara aquello que constituye el objeto de la declaración de voluntad y que el titular del derecho fundamental debe autorizar el concreto acto de utilización de su imagen y los fines para los que la otorga. El consentimiento prestado, por ejemplo, para la captación de la imagen no se extiende a otros actos posteriores, como por ejemplo su publicación o difusión. De la misma manera debe entenderse que la autorización de una concreta publicación no se extiende a otras, ya tengan la misma o diversa finalidad que la primigenia. Tampoco el permiso de uso otorgado a una persona determinada se extiende a otros posibles destinatarios. En definitiva, hay que entender que no puede reputarse como consentimiento indefinido y vinculante aquel que se prestó inicialmente para una ocasión o con una finalidad determinada. Por ello, señala el Tribunal Constitucional, el usuario de Facebook que «sube», «cuelga» o, en suma, exhibe una imagen para que puedan observarla otros, tan solo consiente en ser observado en el lugar que él ha elegido (perfil, muro, etc.), más aún, cuando el modo en el que las redes sociales muestran sus cláusulas contractuales -de manera extensa y prolija, de difícil comprensión para el usuario medio, en lugares de difícil acceso del sitio web- pudiendo ser éstas, incluso, modificadas en cuanto a su uso y privacidad en cualquier momento, no permiten hablar de un consentimiento debidamente formado e informado.

En consecuencia, partiendo de lo anterior, en lo que respecta a la posibilidad de que el derecho a la información prime respecto al derecho a la imagen cuando su titular no ha consentido expresamente el uso de su imagen colgada en redes sociales, exigirá que esa imagen sea de interés público y tenga relevancia para la información que se pretende transmitir, sin embargo, si la información gráfica deviene ociosa o superflua por carecer la fotografía de interés real para la transmisión de la información, primará el derecho a la imagen. Siendo ello así, el Tribunal Constitucional consideró que la publicación por parte de un periódico de una fotografía de la víctima del delito al que la noticia hacía referencia, sin su consentimiento, constituyó una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen pues la fotografía no guardaba una especial relación con las circunstancias del suceso trágico sobre el cual se estaba informando, lo que hacía totalmente innecesaria la reproducción de la imagen identificable del rostro de la víctima, como tampoco contribuía realmente a la satisfacción de la función institucional propia de dicha libertad, esto es, a la formación de una opinión pública libre y plural propia de un Estado democrático.

En concreto, el texto escrito por el periódico aducía: “A la izquierda, imagen del fallecido (A.I.L.) que hirió a su hermano (I.I.L.) y se pegó un tiro a continuación en una imagen colgada por él en un portal de Internet. A la derecha, el hermano herido en una foto de su perfil en Facebook”.

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INGRESO MÍNIMO VITAL

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Te explicamos que es el IMV y los requisitos para percibirlo.

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

Se ha aprobado por el Consejo de Ministros el INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) para que las familias más vulnerables puedan empezar a cobrarlo el próximo mes de junio. A continuación, desarrollaremos los aspectos fundamentales del IMV.

CONCEPTO:

El ingreso mínimo vital se trata de una prestación de la Seguridad Social de carácter familiar destinada a aquellos hogares que vivan en una situación de vulnerabilidad, y será compatible con el cobro de otro tipo de rentas otorgadas por las comunidades autónomas.

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO :

Aquellas personas que estén integradas en una UNIDAD DE CONVIVENCIA, entendiendo por tal al conjunto de personas que habitan y disfrutan de forma habitual y permanente en una vivienda con vocación de estabilidad, siempre que estén empadronadas en la misma en el momento de la solicitud, y con independencia de la relación existente entre todas ellas, no pudiendo una misma persona formar parte de dos unidades de convivencia distintas.

Se considera que en una unidad de convivencia se da una circunstancia de pobreza cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales correspondiente al ejercicio anterior al año en el que se presenta la solicitud sea inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda en función de la modalidad y composición de la unidad de convivencia.

               A efectos del IMV se reconocen las siguientes UNIDADES DE CONVIVENCIA:

–             Núcleos familiares que residan en un mismo domicilio y cuenten con «vínculo matrimonial o pareja de hecho», y, por ende, se incluye también a «familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento», para lo que se tendrá que presentar el libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

–             Hogares unipersonales.

–             Hogares conformados por dos o más personas mayores de edad sin hijos.

–             Núcleos familiares de dos o más adultos con menores a cargo.

–             Víctimas de violencia machista que se hayan visto forzadas a abandonar su domicilio habitual.

REQUISITOS PARA SOLICITARLA:

RESIDENCIA LEGAL: Uno de los requisitos indispensables para poder acceder a esta ayuda está relacionado con «tener residencia legal y efectiva en España, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud«.

En el caso de extranjeros, esta circunstancia se deberá acreditar con el registro central de extranjeros o el respectivo documento que demuestre la condición de residente legal, tal y como se deduce del documento. Excepciones:

1.- Solicitantes de protección internacional (ASILO)

2.- Víctimas de trata de seres humanos.

3.-Mujeres extranjeras víctimas de violencia de genero.

EDAD: Los beneficiarios deberán tener más de 23 años y menos de 65 -existe la posibilidad de que sea a partir de 21 años, o de 18 años si tienen hijos a cargo-. Si no tiene menores a cargo, deberá haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud de esta renta mínima vital.

SITUACIÓN LABORAL: Además, deberán estar en búsqueda activa de empleo y demostrar que ha solicitado todas las prestaciones posibles de los diferentes niveles de la Administración.

SITUACIÓN ECONÓMICA: Para calcular si se puede optar al IMV se tendrá en cuenta la renta (rendimientos capital mobiliario, inmobiliario, pensiones y prestaciones, contributivas y no contributivas, públicas o privadas) y el patrimonio (con un máximo de 330.000 euros), pero no computará la vivienda habitual ni las subvenciones finalistas. Además, se tendrán en cuenta las pensiones de alimentos.

Se exceptúan del cómputo de las prestaciones becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda y ayudas de emergencia.

TRIBUTACIÓN: Los beneficiarios están obligados a realizar la declaración del IRPF. Se tomará como referencia para otorgarla los ingresos declarados de 2019, por lo que ya se han cruzado datos con la Agencia Tributaria.

La solicitud se acompañará de una declaración responsable que deberá ser verificada por la Seguridad Social posteriormente.

El silencio administrativo será negativo.

CUANTÍA:

La cuantía que puede ir desde algo menos de los 462 euros para los hogares unipersonales, euros y se iría incrementando en función de los miembros en adultos y en menores, hasta los 1.015 euros en el caso de aquellas familias que estén formadas por dos adultos con más de dos menores a cargo. Habrá un complemento especial (100€) para las familias monoparentales.

Exponemos seguidamente un cuadro ilustrativo de los importes correspondientes al IMV en función de la composición de la unidad de convivencia:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/25/economia/1590403974_828910.html

La prestación se cobrará mensualmente.

ADMINISTRACIÓN ENCARGADA:

La Seguridad Social será la encargada de tramitar las solicitudes y controlar el cumplimiento de las condiciones de la ayuda a través de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), medios telemáticos y Entidades Locales (EELL).

Se establecerán cinco canales de solicitud: Ayuntamientos, Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), Comunidades Autónomas, ONGes como CRUZ ROJA (Tercer Sector), y una aplicación telemática.

En este AUDIO Jorge Pérez de la Blanca te explica los requisitos necesarios para percibir el IMV.

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (28/05)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual.

Hoy herramientas de protección para autónomos, Pymes y empresas se han activado desde distintas administraciones . Damos nuestra opinión sobre la efectividad de estas medidas.

#Covid19

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (27/05)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual.

Hoy hablamos de novedades en el ámbito agrario, moratoria de prestamos hipotecarios, de resolución de expedientes de reconocimiento de las obligaciones con cargo al FOGASA, normativa de playas y flexibilización de los desplazamientos.


Día 27 de mayo.

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La responsabilidad de las residencias de mayores por fallecimiento durante la crisis del Covid-19

Óscar Santaella Sáez

Abogado en Bufete R. Pérez de la Blanca y Asociados, S.L.P.

Doctor en Derecho Profesor UNIR

Diario La Ley, Nº 9638, Sección Tribuna, 22 de Mayo de 2020, Wolters Kluwer

El autor analiza en este trabajo el régimen de responsabilidad de los centros asistenciales para la tercera edad, que presenta unas notas especiales en virtud de la situación personal de la víctima pues en estos centros viven personas dependientes respecto a las cuales se debe exigir un alto grado de cuidado y diligencia, pues así lo exigen las necesidades de los internos que carecen, muchos de ellos, de autonomía personal.

I. Introducción

La longevidad de la población en la que los mayores de 80 años representan más del 30% de la población, unido al sistema de vida laboral y la forma de vida en las zonas urbanas ha provocado que el número de residencias para personas mayores vaya en aumento. Estas residencias pueden presentar una naturaleza pública, privada o semipública, y en cualquier caso, tratan de dar cobertura a las necesidades de los más mayores.

En efecto, el ser humano comienza a ser dependiente, por lo general, entre los 65 y los 90 años, y dado que la asistencia no puede darse en el círculo familiar o social se tiene que prestar por centros especializados que en función de las necesidades de cada uno de los residentes proporcionan más o menos servicios. Así, podemos decir que las residencias son centros en los que personas mayores pasan todo el día o parte de éste, en el que pueden recibir todo tipo de servicios sociales, sanitarios, asistenciales, de alojamiento o de hostelería cuyo fin último debe ser velar por el bienestar, la dignidad, el cuidado y el desarrollo personal de los mayores residentes.

Ya se trate de un centro residencial público o privado, la relación jurídica que une al centro con el usuario es la de una prestación de servicios que, como tal, está llena de contenido, y éste ha sido abordado por normativa estatal y, fundamentalmente, por la normativa de las Comunidades Autónomas que han asumido esta materia.

Así, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LA LEY 12016/2006), establece en el artículo 16.1 que las prestaciones y servicios establecidos en la misma se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas que, a su vez, da lugar a una red de centros que estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados.

«Las Comunidades Autónomas cuentan con una normativa específica para la prestación de este tipo de servicios sociales

De esta manera, las Comunidades Autónomas cuentan con una normativa específica para la prestación de este tipo de servicios sociales que establecen los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia; establecen la normas para la autorización, registro y acreditación de los servicios y centros de servicios sociales garantizando que reúnen los requisitos mínimos de calidad exigidos; y, finalmente, estructuran los servicios sociales en sus dos niveles, comunitario y especializado, recogiendo el catálogo de derechos y deberes de las personas usuarias de los centros y servicios sociales (dentro del catalogo de derechos cabe destacar la protección de su intimidad, integridad física y moral, no discriminación, derecho a la información, atención individualizada, igualdad de trato, asistencia sanitaria y farmacéutica o el derecho a cesar en la utilización o permanencia en el centro), y estableciendo, además, que estos centros deben disponer de un Reglamento de Régimen Interior regulador de su organización y funcionamiento, de unas normas de convivencia y de unos órganos de participación.

Pues bien, este contenido es genérico y predicable para todos los centros residenciales y para todos los usuarios de los centros residenciales y es muy similar en todas las Comunidades Autónomas, si bien, partiendo de este contenido legal todo vendrá enmarcado por un contrato que, por lo general, se comportará como un contrato de hospedaje al que, en función de las necesidades del usuario, se irán incorporando servicios especiales y diferentes que deberán quedar pormenorizadamente fijados al momento de la firma de su condicionado.

II. El usuario de la residencia como víctima de daños: responsabilidad del centro residencial

Partiendo de lo dispuesto anteriormente, es evidente que si la residencia de mayores incumple las obligaciones que legalmente le corresponde o que han sido refrendadas en el contrato de prestación de servicios firmado con ella, o de cualquier otro modo, se generan daños que tengan por agente directo o indirecto al propio centro residencial por una actuación negligente o poco diligente de éste, el usuario que ha visto frustrados sus derechos como consecuencia de ese incumplimiento podrá ejercitar una acción para exigir responsabilidad.

Lo que ocurre es que el régimen de responsabilidad de los centros asistenciales para la tercera edad presenta unas notas especiales en virtud de la situación personal de la víctima pues en estos centros viven personas dependientes respecto a las cuales se debe exigir un alto grado de cuidado y diligencia, pues así lo exigen las necesidades de los internos que carecen, muchos de ellos, de autonomía personal.

En este trabajo, nos vamos a centrar en la responsabilidad en la que pueden incurrir los centros que prestan asistencia a las personas mayores como consecuencia del daño que éstas pueden sufrir en virtud de la negligencia o falta de diligencia de estos centros en el cuidado y atención de estas personas especialmente vulnerables, prestando especial atención a la situación padecida durante la crisis del coronavirus en España, así como, indirectamente, los daños que, en su caso, pueden sufrir o han sufrido las personas íntimamente vinculadas a ellas cuando los usuarios no han podido reclamar daño alguno por el fatal desenlace de su fallecimiento.

Partiendo de lo anterior, la primera cuestión que surge es quién es el generador directo del daño. De entrada podemos decir que quien, por lo general, ha venido provocando potencial y directamente el daño ha sido la persona que ejerce de cuidador directo del usuario y que en el ejercicio de su función actúa de manera negligente o poco diligente, si bien, será este supuesto un caso evidente de la responsabilidad por hecho ajeno del artículo 1.903 del Código Civil (LA LEY 1/1889) cuando dice que «Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones».

«La casuística es diversa, más aún ante situaciones extremas como la vivida durante una pandemia

Ahora bien, como tendremos ocasión de analizar más adelante a la vista de los pronunciamientos de nuestros Tribunales de justicia, la casuística es diversa, más aún ante situaciones extremas como la vivida durante una pandemia, de manera que el daño sufrido por el usuario puede derivar de la actuación negligente del cuidador directo que, a su vez, puede suponer o no un incumplimiento contractual de los términos del contrato; pero también es posible —y más probable durante el estado de alarma— que el daño haya podido ser consecuencia directa de la mala gestión del centro residencial que no ha puesto al servicio de los usuarios los medios personales o económicos a los que legalmente está obligado o los que han sido previamente estipulados, aspecto éste esencial para la valoración de responsabilidad ante la crisis del COVID-19, a cuyo efecto, habrán de tenerse en cuenta las recomendaciones expuestas por el Gobierno y la normativa aprobada al efecto durante la declaración del estado de alarma; o, finalmente, puede que los daños sufridos tengan matices diferentes y que pese a no existir actuación negligente puedan generar responsabilidad por no haber duda de que son consecuencia de la actuación normal o no del centro residencial que presta un servicio público.

Así las cosas, habrá que valorar en cada caso a la luz de la naturaleza de la relación jurídica si hubo o no actuación negligente del personal al servicio del centro residencial y si éste ha cumplido los términos del contrato y, más específicamente, ha actuado con diligencia y ajustándose a las pautas de comportamiento que, entendemos, pudieron servirle de guía ante la declaración del estado de alarma.

III. Naturaleza pública o privada de la responsabilidad en la que pueden incurrir las residencias de mayores: Jurisdicción competente

Una de las cuestiones que surge cuando el usuario de un centro residencial sufre un daño es quien puede resultar responsable del mismo dado que los centros residenciales pueden ser de naturaleza pública —al depender directamente de una Administración: local, autonómica o estatal— o bien de naturaleza privada. Así, la cuestión que se nos suscita ahora es otra ¿Cuándo puede responder la administración de los daños sufridos por los usuarios de los centros residenciales?

Todo centro residencial debe ajustarse a la normativa legal para poder prestar los servicios asistenciales que lleva a cabo y poder tener las licencias administrativas que la habilitan, ahora bien, el hecho de que sea pública o privada su financiación, incide de manera determinante en la legitimación pasiva para exigir responsabilidad.

Las residencias de mayores son públicas cuando son titularidad de la Administración, y sus plazas están financiadas por una Comunidad Autónoma o por un Ayuntamiento, y el ingreso en estas residencias exige cumplir unos determinados requisitos, que pueden ser distintos en cada Comunidad Autónoma, y será necesario seguir el procedimiento de solicitud de plaza legalmente establecido para cada caso. Mientras que las residencias de mayores serán privadas cuando reuniendo las autorizaciones pertinentes por parte de los Entes Públicos competentes, son titularidad de una empresa privada. Ahora bien, dentro de éstas podemos hablar de residencias privadas concertadas según ofrezcan plazas privadas exclusivamente de manera que el usuario debe asumir íntegramente el coste de la plaza, y además oferten también plazas públicas que pertenezcan a la administración, o en las que existe un acuerdo de colaboración con la administración y, en consecuencia, se consideran plazas públicas.

Pues bien, sólo podemos estar ante una responsabilidad patrimonial de la administración cuando la titularidad del servicio sea público lo que determinará que la jurisdicción competente sea la contencioso-administrativa y no la civil. Asimismo, habría que analizar la responsabilidad de la administración de un modo distinto a como se evalúa la responsabilidad civil de un centro residencial privado basado en la existencia de culpa.

En efecto, como tiene declarado nuestro Tribunal Supremo, entre otras, Sección 4ª, en Sentencia de 22 septiembre de 2010, rec. 5831/2008 (LA LEY 157586/2010), «la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es una responsabilidad objetiva que deriva del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y, en consecuencia, no son de aplicación para que la misma se declare los preceptos del Código Civil que en los motivos se citan como infringidos, artículos 1.902, 1903, 1.101 y 41 de ese cuerpo legal. Como expusimos en la Sentencia de 5 de julio de 2004, recurso de casación núm. 328/2003 (LA LEY 159597/2004) EDJ 2004/83031, existe una «diferencia que es sustancial pues de ella deriva nada menos que la aplicación de un régimen jurídico totalmente diferente: el de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992), que configuran la eventual responsabilidad de la Administración pública como una responsabilidad objetiva (es decir, una responsabilidad en que no es necesario que haya mediado culpa o negligencia), en el caso de la sentencia impugnada; y el del artículo 1902 del Código civil (LA LEY 1/1889) que regula una responsabilidad de carácter subjetivo, en la que hay que probar que medió culpa (o, en su caso, dolo) para acreditar derecho a la indemnización reclamada«».

Si trasladamos esta nota distintiva de la responsabilidad patrimonial de la administración respecto a la responsabilidad extracontractual ex artículo 1902 del Código Civil (LA LEY 1/1889) al caso de daños en una residencia de mayores de naturaleza pública, podemos decir que, incluso a pesar de que el cuidador actuara de manera diligente y el centro residencial hubiera funcionado correctamente, podría declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración a reparar las lesiones ocasionadas, es decir, resultaría indiferente, en otras palabras, que el funcionamiento del correspondiente servicio hubiera sido «normal o anormal», bastando que la lesión fuera achacable a la Administración por un comportamiento de ésta. Si bien, la relación de causalidad no opera del mismo modo en el supuesto de comportamiento activo que en el supuesto de comportamiento omisivo. Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamente consecuencia de aquélla, es decir, que exista una atribución lógica del resultado lesivo a la acción de la Administración. En cambio, tratándose de una omisión de la Administración, no es suficiente una pura conexión lógica para establecer la relación de causalidad: si así fuera, toda lesión acaecida sin que la Administración hubiera hecho nada por evitarla sería imputable a ésta.

IV. De la declaración del estado de alarma. De las recomendaciones y de la normativa aprobada durante el estado de alarma como pautas de comportamiento para una posible declaración de responsabilidad

Como hemos expuesto, vamos a analizar la posible responsabilidad de las residencias de mayores, especialmente, durante el período de pandemia y declaración del estado de alarma. Pues bien, la cuestión es si estas circunstancias imprevisibles pueden dar lugar a la no declaración de responsabilidad y, más concretamente, en el caso de que las residencias vulneraran los derechos esenciales de los usuarios, en concreto, el derecho a la asistencia sanitaria o el derecho a cesar en la permanencia en el centro por petición de los familiares, a la luz de las recomendaciones o de la normativa aprobada con motivo de la crisis del COVID-19.

A estos efectos, consideramos necesario abordar esa normativa especial decretada durante la situación de pandemia pues, a la hora de valorar la eventual responsabilidad del centro, pueden servir de pauta de comportamiento a seguir dentro de la situación de crisis. Siguiendo un orden cronológico, tenemos primero el documento técnico de 5 de marzo de 2020 en el que se incluyeron una serie de «Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID19».

Este documento recogía que los centros debían elaborar planes de actuación dirigidos a la eventual aparición de brotes adaptados a las características de cada centro, estableciéndose, al efecto, una serie de pautas de comportamiento: de información, de prevención, higiénicas, etc. También recogía pautas de comportamiento ante usuarios contagiados, entre otras, permanecer en el centro o residencia y comunicar a los servicios de salud pública para que valoraran dicha identificación según el «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARSCoV-2)», o restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio durante el período de vigilancia establecido. Es evidente que estas recomendaciones iniciales daban a entender que los contagiados de coronavirus podían ser tratados en las propias residencias, lo que, a la postre, quedó frustrado en muchos casos.

Más tarde, el Ministerio de Sanidad aprobó la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo (LA LEY 3887/2020), de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien, serían las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas quienes debían establecer el procedimiento y la información requerida para el seguimiento y/o gestión de la atención de los COVID-19 residentes en estos centros de mayores y dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, fueran necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden.

En la misma, se establecieron una serie de medidas sobre el personal sanitario y no sanitario que presta servicio en las mismas; sobre la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 en las residencias de mayores; sobre la limpieza; sobre los profesionales sanitarios en relación con la atención sanitaria en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios haciendo hincapié en que la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma podría modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con aquéllas, con independencia de su titularidad pública o privada, así como la correspondiente a ese tipo de personal vinculado con atención primaria o atención hospitalaria o especializada extrahospitalaria, en su caso, para adaptarlos a sus necesidades; sobre coordinación para el diagnóstico, seguimiento y derivación COVID-19 en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios y el Sistema Nacional de Salud, debiendo, cuando existiera disponibilidad, realizar la prueba diagnóstica de confirmación de posible infección por COVID-19 y, más tarde, ponerse en contacto con el centro de Atención Primaria asignado, que actuaría de forma coordinada con el médico de la residencia si se cuenta con este recurso. Tras una primera valoración del caso y si presentaba síntomas leves, el paciente permanecería en aislamiento en la residencia garantizando que se realizaba seguimiento del caso. No obstante, si se cumplían criterios de derivación a un centro sanitario, se activaría el procedimiento establecido para tal efecto.

En nuestra opinión, lo dispuesto en esta Orden, fundamentalmente en cuanto al debido aislamiento, coordinación con el Sistema de Salud y tratamiento de los enfermos contagiados con el virus, cuando menos, podría servir de pauta de comportamiento que permitiría afirmar si el titular de un centro de mayores ha actuado o no con diligencia.

Es evidente que la casuística puede ser muy distinta y será en cada caso concreto en el que haya que determinar si, en efecto, la gestión de los medios existentes se realizó de modo adecuado o no, si se cumplieron o no esas pautas de comportamiento (practicando las pruebas de diagnóstico, informando al Sistema Nacional de Salud y, en su caso, derivando a éste en el caso de que los síntomas del enfermo no fueran leves) y, en consecuencia, si este modo de actuar tuvo o no incidencia directa en el resultado de muerte del usuario del centro y si se pusieron a su alcance todos los medios posibles para no perder la oportunidad de seguir con vida.

V. Responsabilidad de las residencias: responsabilidad contractual o extracontractual. Análisis de la responsabilidad por fallecimiento durante la crisis del Coronavirus

1. Análisis inicial: Naturaleza de la responsabilidad de las residencias de mayores

Partiendo del contenido anterior, en este apartado abordaremos ya el núcleo esencial de este trabajo, para ello analizaremos inicialmente las peculiaridades y características que presenta la responsabilidad civil de las residencias de mayores —a cuyo efecto abordaremos los casos y el modo en que los Tribunales de justicia han llevado a declarar aquélla—, y más tarde, nos centraremos en la situación padecida por la crisis sanitaria.

«La especial vulnerabilidad de las personas usuarias de estos centros determina que los requisitos necesarios para la existencia de responsabilidad civil presenten determinadas particularidades

De entrada, como ya anticipamos, la especial vulnerabilidad de las personas usuarias de estos centros determina que los requisitos necesarios para la existencia de responsabilidad civil presenten determinadas particularidades y ello debido, fundamentalmente, a que el nivel de diligencia exigible para quien presta sus servicios en estos centros sea muy superior, lo que no es sino consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1.104 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

En efecto, la práctica jurisprudencial existente en torno a la responsabilidad civil de las residencias de mayores ponen especial hincapié en este precepto (artículo 1.104 del Código Civil (LA LEY 1/1889)) que viene a destacar las circunstancias a tener en cuenta para valorar la diligencia exigible y, por derivación, la concurrencia o no de culpa o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones. Así, «la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar». En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo del que podemos traer a colación la Sentencia 168/2006, de 23 de febrero de 2006 (LA LEY 406/2006), en el que se declaró la responsabilidad civil de la residencia de mayores tras el fallecimiento de un usuario que padecía una agudizada demencia y que saltándose el control del centro se suicidó arrojándose por una ventana. Destacó el Alto Tribunal ante la acción ejercitada por la esposa y el hijo del fallecido que la obligación de guarda y asistencia de las personas internas en el centro, debía cumplirse teniendo en cuenta las circunstancias de cada una de aquéllas, lo que imponía, respecto del fallecido, una obligación de control del mismo para conocer en todo momento en que lugar del establecimiento se encontraba y someterlo a la vigilancia adecuada a su estado psíquico, aduciendo que no podía hablarse de responsabilidad sanitaria pues la «Residencia L.» no era un centro de esa clase, dedicado al tratamiento médico de las personas ingresadas en ellas; se trataba de una residencia para personas de la llamada tercera edad, cuya finalidad es la guarda y atención de las personas allí instaladas, adecuada esa atención y guarda a las circunstancias personales de cada interno.

En el mismo sentido, podemos traer a colación la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sec. 6ª, de 23 de febrero de 2016, n.o 104/2016 (LA LEY 70844/2016), rec. 715/2015, en la que tras el fallecimiento de una usuaria como consecuencia de un accidente sufrido en el centro residencial en el momento de trasladarla en una silla, de igual modo, declaró la responsabilidad civil del centro manifestando que en el caso de los centros residenciales donde viven personas dependientes, debe existir un alto grado de cuidado y diligencia al exigirlo las necesidades de los internos que carecen de autonomía personal, por lo que la falta de adopción de las medidas necesarias impidió que pudiera incardinarse en el concepto de hecho fortuito.

Ahora bien, la aplicación del artículo 1.104 del Código Civil (LA LEY 1/1889) no supone que la responsabilidad en la que incurre el centro residencial no pueda ser considerada extracontractual al amparo de los artículos 1.902 y 1.903 del mismo texto legal. Pues si bien, de entrada, cuando media una relación contractual —como ocurre en el supuesto que nos ocupa— debe considerarse un caso de responsabilidad contractual si se produce la vulneración de aquélla, en muchas ocasiones los Tribunales de justicia entienden aplicables las normas de la responsabilidad extracontractual también junto con las propias de la responsabilidad contractual en base a la conocida como doctrina de la unidad de la culpa civil.

Hay casos en los que nuestros órganos jurisdiccionales han apreciado exclusivamente responsabilidad contractual en el modus operandi del centro residencial por haber defraudado éste las expectativas que los contratantes habían depositado en él. Así, bastante ilustrativa resulta la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 11ª, de 23 de enero de 2014, n.o 33/2014 (LA LEY 5486/2014), rec. 622/2012 que adujo que «la lectura del documento que contiene el contrato demuestra que esa entidad, lógicamente, no garantizaba que la Sra. Salvadora no pudiera sufrir percance alguno dentro de su centro. Ahora bien, la Sentencia recurrida no atribuye responsabilidad civil de manera objetiva a SAR por la sola existencia de una serie de episodios dañinos sufridos por la Sra. Salvadora; el Juzgado la condena por la evidencia que suponen de la grave infracción del negocio que unía a las partes en litigio: 1) 29/10/05 fractura de fémur (folio 47), 2) 5/12/05 contusión lumbar (folios 48/49), 3) 7/4/06 herida puntiforme en cara lateral de pierna izquierda (folio 50), 4) 18/9/06 contusión cerebral (folio 51) y 5) 15/11/06 hematoma en evolución periorbitaria izquierda (folios 52 a 57). Dicho esto, lo que sí le era exigible a la recurrente como profesional del sector asistencial geriátrico, en quien depositó su confianza el sr. Sergio para el cuidado y atención de su madre, es que iba a poner todos los medios razonables para evitar que ésta sufriera menoscabos personales tal como reconoció al ser interrogada como testigo la entonces directora del centro «La Salut» (sra. Rosario). A juicio de la Sala SAR defraudó las expectativas que la contraparte había depositado en ella al suscribir el contrato, lo que genera su responsabilidad conforme a los arts. 1.101 (LA LEY 1/1889), 1.103 (LA LEY 1/1889) y 1.104 CCivil (LA LEY 1/1889) »

Es decir, si se acreditan unos daños y se demuestra que los mismos derivan de que la residencia no puso los medios razonables para evitarlos frustrando con ello las expectativas del usuario o de su familia, se podría declarar la responsabilidad contractual por el incumplimiento de la relación jurídica.

«Las obligaciones emanadas de ese contrato son las que marcan la pauta inicial para determinar la existencia o no de responsabilidad civil

En efecto, a la hora de valorar la responsabilidad civil de las residencias de mayores en las que el usuario tiene una relación contractual con la residencia, las obligaciones emanadas de ese contrato son las que marcan la pauta inicial para determinar la existencia o no de responsabilidad civil del centro residencial. Este postulado es acorde con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en sentencia de 4 de marzo de 2009 adujo que «según la jurisprudencia de esta Sala «la responsabilidad debe considerarse contractual cuando a la preexistencia de un vínculo o relación jurídica de esa índole entre personas determinadas se une la producción, por una a la otra, de un daño que se manifiesta como la violación de aquel y, por lo tanto, cuando concurren un elemento objetivoel daño ha de resultar del incumplimiento o deficiente cumplimiento de la reglamentación contractual, creada por las partes e integrada conforme al artículo 1258 CC (LA LEY 1/1889) y otro subjetivola relación de obligación en la que se localiza el incumplimiento o deficiente cumplimiento ha de mediar, precisamente, entre quien causa el daño y quien lo recibe» (STS de 31 de octubre de 2007)».

Ahora bien, el mismo Alto Tribunal es partidario de la aplicación del régimen de la responsabilidad extracontractual aunque exista relación obligatoria previa, cuando el daño no haya sido causado en la estricta órbita de lo pactado por tratarse de daños ajenos a la naturaleza del negocio aunque hayan acaecido en la ejecución del mismo ( SSTS 22 de julio de 1927, 29 de mayo de 1928, 29 de diciembre de 2000 (LA LEY 2075/2001)); por el contrario, considera aplicable el régimen contractual cuando en un determinado supuesto de hecho la norma prevé una consecuencia jurídica específica para el incumplimiento de la obligación; si bien, alude, asimismo, que no cabe excluir la existencia de zonas mixtas, especialmente cuando el incumplimiento resulta de la reglamentación del contrato, pero se refiere a bienes de especial importancia, como la vida o integridad física, que pueden considerarse objeto de un deber general de protección que puede traducirse en el principio llamado a veces doctrinal y jurisprudencialmente de unidad de la culpa civil.

Claro ejemplo de la aplicación jurisdiccional conjunta de responsabilidad contractual y extracontractual, es la sentencia dictada por la Audiencia provincial de Cáceres, sec. 2ª, Sentencia de 17 de julio de 2003, n.o 149/2003, rec. 177/2003, en la que se aprecia que ha existido culpa de la «residencia asistida», tanto contractual al haber incumplido el contrato de arrendamiento de servicios profesionales que obligaba a prestar a la fallecida las atenciones debidas, como extracontractual profesional con infracción de reglamentos, por no contar en el momento del accidente con el personal reglamentario prestando los servicios de cuidado a las personas internadas, excluyendo, la existencia de caso fortuito al no poder alegarse por quien ha creado la situación que ha dado lugar al resultado. En la misma línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Civil, Sección 11, de 2 de diciembre de 2010 que adujo que «de los hechos probados se desprende claramente la falta de diligencia de la residencia, en los cuidados mínimos e imprescindibles en orden al desarrollo del cumplimiento del contrato, y la yuxtaposición de responsabilidad extracontractual de las terceras personas dependientes de la anterior, que hubieran podido intervenir, cuando una persona de 84 años, con signos objetivos de demencia y esquizofrenia, apreciada por el centro médico, al tiempo de ser asistida por la caída, se le deja deambular sola por el jardín, sin que nadie directamente le cuidase, como parte esencial de la obligación contractual, y cualquier diligencia media en cuanto a terceras personas concurrentes, que configuran la unidad de culpa civil».

Así las cosas, en los supuestos de responsabilidad civil de las residencias de mayores, por lo general, quien ostente la posición de parte demandante podrá ejercitar las acciones personales dirigidas al resarcimiento de daños y perjuicios amparándose en artículos del Código Civil predicables de la responsabilidad extracontractual (artículos 1902, 1903 y concordantes), y de la responsabilidad contractual (artículos 1101 (LA LEY 1/1889), 1104 (LA LEY 1/1889), 1108 y concordantes del Código Civil (LA LEY 1/1889)), y ello debido, como ya hemos señalado, a que los Tribunales de justicia admiten que el perjudicado puede optar por una u otra acción o ejercitarlas acumuladamente, sobre la base del principio de unidad de la culpa civil, de modo que facilitados los hechos al juzgador, este aplique la norma más adecuada (Sentencias de 30 Dic. 1980, 6 Oct. 1992, 15 Feb. 1993, 1 Abr. 1994 y 18 Feb. 1997, entre otras); y que la culpa o negligencia concurrente en los demandados siempre ha de quedar suficientemente acreditada, pues el principio general de la responsabilidad por culpa es básico en nuestro ordenamiento, como ha reiterado recientemente el Tribunal Supremo en la Sentencia de 11 de marzo de 2020, 171/2020 (LA LEY 8009/2020), rec. 3296/2017 al abordar la posible responsabilidad de una residencia de mayores a la que haremos mención más adelante.

Por tanto, la responsabilidad del centro será contractual cuando el incumplimiento derive de una obligación asumida en el acuerdo de voluntades y lleve aparejada una consecuencia prevista en el mismo o en la norma aplicable; mientras que será extracontractual cuando el resultado dañoso se manifieste como exorbitante respecto de las obligaciones contraídas, si bien, esta regla tiene sus excepciones, y entre ellas se hallan las reclamaciones de responsabilidad civil en las que está en juego la vida o la integridad física, entre otros bienes jurídicos de primer orden.

2. Responsabilidad de las residencias de mayores en la gestión del COVID-19

Llegados a este punto, para dar una respuesta jurídica a la posible responsabilidad de las residencias de mayores en el momento de crisis sanitaria, debemos retomar varias de las ideas que hemos destacado anteriormente: las exigencias legales en la prestación del servicio configurada por los derechos de los internos; los términos de la relación contractual firmada con el centro que habrá tenido en cuenta las circunstancias personales del usuario (mayor o menor grado de dependencia y autonomía); las pautas de comportamiento marcadas en el momento de la crisis vírica (aislamiento de los internos sintomáticos, medidas higiénicas, práctica de pruebas de diagnóstico, información al Sistema Nacional de Salud o, en su caso, derivación a éste si los síntomas del enfermo no fueran leves); el grado de diligencia empleado en el cumplimiento de los postulados anteriores que, como hemos expuesto, es superior en atención a la especial vulnerabilidad de los usuarios a fin de apreciar o no la concurrencia de culpa, a cuyo efecto, debemos tener en cuenta lo sostenido por el Tribunal Supremo en la sentencia de 11 de marzo de 2020 —pocos días antes de declararse el estado de alarma— «1. La responsabilidad subjetiva, por culpa, solo se excepciona por ley. 2. El carácter anormalmente peligroso de una actividad puede justificar la inversión de la carga de la prueba y, por lo tanto, la necesidad de acreditar la falta de culpa. 3. Para el resto de actividades, en aplicación del art. 217 LEC (LA LEY 58/2000), es al perjudicado que reclame a quien compete la carga de la demostración de la culpa del demandado»; y, por último, en su caso la posible concurrencia de dolo en la omisión del deber de auxilio del usuario que pudiera dar lugar a la declaración de responsabilidad penal como responsable también del resultado fatídico de la muerte de aquél.

Así las cosas, los elementos de deben concurrir para la declaración de responsabilidad de los centros de mayores durante el período de crisis sanitaria por el coronavirus, son los siguientes:

A) Acción u omisión antijurídica

En primer lugar, es requisito indispensable la concurrencia de una acción u omisión antijurídica que, a la postre, se traduce en un comportamiento negligente. Ahora bien, como hemos señalado, la particularidad en este caso vendrá dada por la especial diligencia que es exigible al centro residencial a la vista de las circunstancias de la persona que es objeto de cuidado y atención. Así, cuanta mayor sea la dependencia o incapacidad del usuario del centro residencial, mayor será la diligencia que será exigible al amparo del ya citado artículo 1.104 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Es más, esta diligencia especial en ningún caso debería haberse suavizado por la situación de crisis sanitaria sino más bien todo lo contrario, esto es, los centros de mayores debieron, además, haber adoptado las medidas de precaución, control e información para que pudiéramos considerar cumplido el grado de diligencia exigible, en otro caso, su actuación podría dar lugar a la existencia de responsabilidad.

Por su parte, será el elemento subjetivo —culpa o dolo— la que determinará que la acción u omisión antijurídica pudiera ser constitutiva —de concurrir, además, el resto de requisitos o, en su caso, los elementos del tipo penal— de responsabilidad civil o penal. Si bien la práctica jurisprudencial nos pone de manifiesto que han sido más los supuestos de responsabilidad civil por omisión de la diligencia exigible que por acción culposa o dolosa, salvo supuestos flagrantes que, por suerte, se han venido reduciendo con el paso del tiempo dada la mayor transparencia de este tipo de centros, durante el período de crisis sanitaria pueden haberse dado situaciones diversas que deberán ser objeto de estudio detallado y pormenorizado.

Por lo demás, la concurrencia de esta acción u omisión culposa deberá ser acreditada por quien la alegue. A este respecto, quien suscribe, no se muestra del todo conforme con el criterio sentado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2020 —a la que hemos aludido más arriba— pues habrá de tener en cuenta, como así ha considerado parte de la jurisprudencia menor, las especiales circunstancias del usuario y la mayor facilidad probatoria el centro residencial —más aún ante una pandemia en la que las residencias de mayores mantuvieron sus puertas cerradas—. Así, en muchos casos el demandante tendrá muy difícil probar el modo de actuar de la residencia y, por el contrario, será ésta quien pueda acreditar que adoptó todos los medios a su alcance para que el evento lesivo no ocurriera.

«Es más razonable invertir la carga de la prueba como consecuencia de la mayor facilidad probatoria

A mi juicio, es más razonable invertir la carga de la prueba como consecuencia de la mayor facilidad probatoria (ex artículo 217.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)) de la que dispone la residencia geriátrica. En este sentido, podemos traer a colación, por todas, la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, Sec. 3ª, de 3 de julio de 2013, que resolvió un caso de una caída de una interna en residencia geriátrica con rotura de fémur y apreció responsabilidad de la titular del centro por aplicación del principio de la mayor facilidad probatoria con la siguiente argumentación que compartimos: «Así las cosas el 12 de marzo de 2011 sufre la demandante una nueva caída que le ocasiona la fractura del fémur, sin que se tenga noticia alguna de las circunstancias que la rodearon. Al no hallarse presente familiar alguno en ese momento lógicamente solo puede dar razón de tales circunstancias el Centro, mas este ni extraprocesalmente a la familia ni en el acto del juicio ha ofrecido explicación alguna al respecto. No se trata, como bien dice el juzgador de instancia, de responsabilizar a la Residencia Geriátrica de cuanto percance o caída sufran en su interior las personas allí ingresadas, aplicándole una suerte de responsabilidad objetiva. Mas si de exigirle cumplida justificación, pues solo a su alcance se halla, de que empleó la diligencia contractualmente asumida y exigible en el cuidado de una residente con tan particular historial y limitaciones psico-físicas, aplicando las medidas de seguridad materiales y humanas precisas para en lo posible prevenir las caídas y golpes a los que se mostraba tan propensa (…)»

B) El daño

Por supuesto que no existe responsabilidad civil sin daño susceptible de resarcimiento que sea consecuencia de la acción u omisión antijurídica. Uno de los mayores problemas que plantea el daño derivado de responsabilidad civil de las residencias de mayores es el modo de llevar a cabo la cuantificación del daño físico, es decir, las lesiones sufridas y el fallecimiento del usuario, pues, si bien, la jurisprudencia no descarta que se aplique el baremo para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación siguiendo la línea sentada por el Alto Tribunal (STS, Civil sección 1 del 27 de noviembre de 2006 (ROJ: STS 7267/2006 —«la doctrina de esta Sala no ha rechazado la posibilidad de tener en consideración, como criterio orientativo (que no de obligatoria observancia) para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación previstos en el Anexo a la Disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (LA LEY 3829/1995), en orden a efectuar el cálculo correspondiente en supuestos distintos de los previstos en la norma» —, en muchos casos, se ha descartado la aplicación del baremo de tráfico o cualquier otro, cuando no se garantiza la indemnidad de los perjudicados y cuando suponga desconocer o no hacer efectivo el principio de reparación íntegra del daño sin discriminación ni arbitrariedad.

En efecto, el daño causado cuando el fallecimiento se produce en un centro en el que el internamiento de la persona se hace para velar por su bienestar, cuidado y dignidad, puede ser muy superior a cuando aquél se produce en un accidente de circulación. En este sentido, la Audiencia Provincial de Valencia, sec. 6ª, S 23-02-2016, n.o 104/2016, rec. 715/2015 razonó una indemnización superior a la que habría correspondido de aplicar el baremo de tráfico aduciendo que estando «ante la muerte violenta de la madre de los actores, de 75 años de edad, en cuyo fallecimiento concurren especiales circunstancias que agravan el dolor de los hijos en la medida en que precisamente se le causó por la desatención de las personas del centro residencial donde ellos la habían instalado precisamente para asegurar su bienestar y preservarla de los riesgos que podría correr a consecuencia de su deterioro psíquico y físico, lo que razonablemente implica que al dolor por la muerte de la madre se sume la íntima frustración de haberla instalado en un establecimiento inadecuado».

De igual modo, se desvinculó del baremo de tráfico la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 11ª, en Sentencia de 23 de enero de 2014, n.o 33/2014, rec. 622/2012, al entrar a valorar el daño moral reclamado por reiterados episodios de lesiones sufridas en el centro residencial aduciendo que «el segundo alegato combate la condena al resarcimiento del daño moral impuesta por la Sentencia recurrida. Partiendo de la base de que el Baremo anexo a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LA LEY 1459/2004) no resulta vinculante en el ámbito en el que nos hallamos, la situación vivida por la sra. Salvadora en la residencia «La Salut» entre el 29/10/05 y el 15/11/06 la hace merecedora de dicha indemnización: más allá de los días de curación y secuelas padecidas, no es ilógico presumir que los continuos episodios lesivos sufridos por la interna afectaran a su estado de ánimo, le hicieran temer nuevas caídas y a la postre se vio abocada a abandonar el centro que había sido su hogar durante más de tres años, con el consiguiente cambio de hábitos y rutinas que tanta seguridad ofrecen a este tipo de personas».

O, de igual modo, la AP Girona, sec. 1ª, en Sentencia de 15 de mayo de 2009, n.o 219/2009, rec. 104/2009, con absoluta rotundidad manifestó «para fijar la cuantía de la indemnización procedente ha de tenerse en cuenta que los criterios del baremo anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos de Motor, invocados por la Letrado de la parte actora, no resultan de aplicación en el supuesto enjuiciado; debiendo ponderarse en este aspecto las circunstancias personales del fallecido, el hecho de que el actor es hijo mayor de edad y no depende económicamente de su padre, la no supervivencia de viuda, la carencia de pruebas concretas sobre el alcance del daño y las demás circunstancias concurrentes; todo lo cual valorado en este trance, conduce a la Sala a fijar la cuantía global de la indemnización en treinta mil euros (30.000 Eur.), dado que lo solicitado era de 33.074,24 por aplicación de aquel baremo y el límite de la póliza acoge dicha suma, sin que tampoco proceda el intereses del la LCS pues no nos hallamos ante un supuesto de clara o común negligencia con obligación de consignar suma alguna. De ambas sumas responderán solidariamente ambas demandadas».

En el caso concreto de crisis sanitaria, entendemos que la valoración del daño ocasionado por la muerte del familiar, podría valorarse, a fin de la restitución integra, en atención a criterios distintos y de modo ajeno a cualquier baremo debiéndose para ello justificar, por supuesto, los elementos que se han tenido en cuenta para la cuantificación del mismo.

C) El nexo causal

Por último, la declaración de responsabilidad civil del centro residencial exige acreditar la relación de causalidad entre la acción u omisión culposa y el daño sufrido. A estos efectos, la aplicación de las teorías causales en este ámbito presenta pocas particularidades. La cuestión es si podrían las residencias ampararse en la existencia de fuerza mayor.

A nuestro juicio, no será sencillo que la pandemia pudiera ser opuesta por los centros de mayores para eludir su responsabilidad como elemento que interrumpe el nexo causal, toda vez que la existencia de la misma y de sus riesgos, eran conocidos y ya existían pautas de comportamiento ante la proliferación del virus en estos recintos.

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Nuevo Real decreto de prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del próximo día 7 de junio de 2020.

Del mismo hay que destacar:

1.- Que desde el 4 de junio 2020 se alzará la suspensión de los plazos procesales.

2.- Desde el próximo día 1 de junio de 2020 se reanudarán, o se reiniciarán si así se hubiese previsto legalmente, los plazos administrativos.

3.- Con efectos desde 4 de junio de 2020 se alzará la suspensión de los plazos de prescripción o caducidad de derechos y acciones.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243

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Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Mediante la presente orden se dispone, con carácter general, el uso obligatorio de mascarillas en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, siendo recomendable su uso para la población infantil de entre
tres y cinco años.

Se excepcionan de esta obligación a aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad.
Asimismo, su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas, así como en circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (05/05)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 5 de mayo.

#Covid_19

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (04/05)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 4 de mayo.

#Covid_19

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Horarios y nomas para la realización de salidas y actividades deportivas #Covid19

Estos horarios entran en vigor el día 2 DE MAYO.

Hoy se publica en el BOE la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Es importante señalar que esta orden indica que «no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física prevista en esta orden.»

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (30/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 30 de abril.

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#COVID-19: ALQUILERES DE VIVIENDA: Se amplía el plazo para solicitar el aplazamiento del pago de la renta.

Las personas arrendatarias de un contrato de vivienda habitual, que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, podrán solicitar de sus arrendadores hasta el 2 de julio de 2020 el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, en los supuestos que respectivamente se recogen en los artículos 4 y 8 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo«.

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Esquema de la #descalada por Ambito de Actividad.

ANEXO II.- PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (28/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 28 de abril.

#Covid_19

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (24/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 24 de abril.

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Nuevas medidas adoptadas para los ERTEs por fuerza mayor, teletrabajo y prestación por desempleo (RDL 15/202) #Covid19

Via NOTICIAS JURÍDICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Destacamos las siguientes medidas en el ámbito laboral y de Seguridad Social:

POSIBILIDAD DE ERTE POR FUERZA MAYOR EN ACTIVIDADES ESENCIALES (DISP. ADIC. 8ª.DOS)

Se modifica el RDL 8/2020, de 17 de marzo, posibilitando la autorización de ERTES en actividades esenciales, siempre que se refieran a trabajadores cuya tarea no sea imprescindible.
Así, para las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades delegadas (artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), se entenderá que concurre fuerza mayor respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad.

PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS (DISP. ADIC. 8ª.TRES)

Se modifica el RDL 8/2020, de 17 de marzo, en lo que se refiere a las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, de modo que:

•    Si la empresa en que prestan servicios ha adoptado la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada, se les reconocerá la prestación contributiva por desempleo en la misma medida que al resto de los trabajadores.

•    Los trabajadores que, sin estar en la anterior situación, vean interrumpida su prestación de servicios por el impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, pasando a ser beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

•    Los trabajadores que acrediten que no han podido, a causa del COVID-19, reincorporarse en la fecha prevista y fueran beneficiarios de prestaciones, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.

•    Los que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido reincorporarse a la misma por el COVID, careciendo del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días.

SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO POR EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN EL PERÍODO DE PRUEBA PRODUCIDA DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA (ART. 22)

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.

Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.

PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL CARÁCTER PREFERENTE DEL TELETRABAJO (ART. 15)

Se prorroga la medida de carácter preferente del teletrabajo (5 y 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el citado RDL. En atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno.
FORMALIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD DEL APLAZAMIENTO DE LAS DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Se amplía la información del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en lo que respecta a la formalización del aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social: el aplazamiento se concederá mediante una única resolución (con independencia de los meses que comprenda) se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

Este aplazamiento será incompatible con la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social: las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.

DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LOS PLANES DE PENSIONES EN SITUACIONES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA (ART. 23)

Se seguirán nuevas normas para la disponibilidad de derechos consolidados en planes de pensiones (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo): podrán solicitar hacer efectivos sus derechos los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida; se establecen medidas sobre presentación de documentos ante la entidad gestora; se fijan límites en el importe de los derechos consolidados disponible ante la entidad gestora de los fondos; el reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa completa; las cuantías y la documentación podrán ser modificadas por Real Decreto.

PRÓRROGA DE TÉRMINOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN POR LAS PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES (ART. 24)

Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para acordar la prórroga de términos y plazos: en el ámbito de la ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, los relativos a la presentación del Informe Periódico de Supervisión durante el año 2020, entre otros; en el ámbito de la ordenación y supervisión de los planes y fondos de pensiones así como de las entidades gestoras y depositarias de estos, los plazos y términos relativos a la presentación ante la autoridad supervisora del Informe sobre el grado de cumplimiento de las normas de separación entre la entidad gestora y la depositaria, entre otros; en el ámbito de la ordenación y supervisión de los distribuidores de seguros y reaseguros, los plazos y términos relativos a la presentación ante la autoridad supervisora de la información estadístico-contable y de negocio correspondiente al cierre del ejercicio económico 2019.

COTIZACIÓN EN SITUACIÓN DE INACTIVIDAD EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ART. 25)

Con efectos desde el 1 de enero de 2020, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11 por ciento.

MEDIDA EXTRAORDINARIA PARA PRORROGAR EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1.2.B) DE LA LEY 44/2015, DE 14 DE OCTUBRE, DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS (ART. 14)

Se prorroga por 12 meses más el plazo de 36 meses contemplado en dicho precepto para alcanzar el límite previsto en el mismo; la prórroga extraordinaria será aplicable exclusivamente a sociedades laborales constituidas durante 2017.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

El periodo de vigencia del estado de alarma (incluidas prórrogas) no computará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ni en la duración de los plazos fijados por los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos. Se exceptúan actuaciones comprobatorias, requerimientos y órdenes de paralización por el estado de alarma o indispensables. También quedan suspendidos los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social.

Todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social están afectados por la suspensión de plazos administrativos.

GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS

Para la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la asunción de otras funciones, la asistencia jurídica que deba prestarse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social comprenderá tanto el asesoramiento como la representación y defensa en juicio en materia de clases pasivas y otras prestaciones, así como la asistencia jurídica en asuntos que interesen a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Adaptación normativa de la legislación del Régimen de Clases Pasivas

Con entrada en vigor en la fecha que se determine en el Real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las referencias a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda o a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, se entenderá hecha al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de la normativa sobre régimen de clases pasivas, se entenderán hechas al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Financiación estatal de los gastos imputables a la gestión del Régimen de Clases Pasivas

El Estado transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Régimen transitorio de la Gestión del Régimen de Clases Pasivas

De forma inmediata y una vez aprobado el real decreto de estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en tanto no culmine este proceso de adaptación, esta gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social).

GESTIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE DETERMINADAS PRESTACIONES PÚBLICAS

Con entrada en vigor en la fecha que se determine en el Real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social asumirá competencias en las prestaciones sobre: actos de terrorismo; afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público; ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; Fondo de Garantía del Pago de Alimentos; pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la guerra civil; mutilados excombatientes de la zona republicana, etc.

DERECHO DE OPCIÓN DE LOS AUTÓNOMOS

Opción por una mutua colaboradora con la seguridad social de los trabajadores del régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora

Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran ejercitado la opción por una mutua prevista en el artículo 83.1b) LGSS, deberán ejercitarla y formalizar la cobertura mediante documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. La opción surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses.

Efectos en la IT de la opción por una mutua colaboradora con la seguridad social realizada por los trabajadores del RETA para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad

La opción por una mutua colaboradora realizada para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), dará lugar a que la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior cubierta con la entidad gestora.

CONTRATOS PREDOCTORALES PARA PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN SUSCRITOS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN

Se podrá prorrogar la vigencia de los contratos predoctorales para personal investigador en formación con financiación que no proceda de convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS

La comprobación de la validez de las incorporaciones al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecida en el RETA, que se encuentre pendiente de realizar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor de este RDL, se efectuará atendiendo a la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 324.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Se regula la sanción de los comportamientos de las empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y se establece una responsabilidad empresarial que implica la devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie dolo o culpa de estos.

Para ello, se modifica el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto: art. 23.1 (falsedad o inexactitud en declaraciones o comunicaciones de datos); art. 23.2 (infracciones muy graves) y art. 43.2 (devolución de cantidades indebidas).

OTRAS MEDIDAS

Creación de la Fundación España Deporte Global, F.S.P. (art. 26)

Se crea la Fundación España Deporte Global, F.S.P., como organización sin fin de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad, adscrita a la Administración General del Estado, a través del Consejo Superior de Deportes, O.A. Su fin fundacional es la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como la internacionalización del deporte español.

Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19 (art. 13)

Durante la vigencia del estado de alarma, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas podrá ser destinado, total o parcialmente, a la finalidad de recurso financiero o a cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos (mediante acciones propias o mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas).

Medidas sobre servicios portuarios (art. 16 a 21)

– Actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales para 2020: las Autoridades Portuarias podrán reducir estos tráficos mínimos cuando no sea posible alcanzar dicha actividad o tráficos mínimos comprometidos por causa de la crisis del COVID-19.

– Tasa de ocupación: en las liquidaciones de la tasa de ocupación que se notifiquen tras el 22 de abril de 2020, para este ejercicio podrá reducirse la tasa de ocupación de las concesiones o autorizaciones, en aquellas respecto de las que se acredite que han experimentado un impacto significativamente negativo en su actividad como consecuencia de la crisis del COVID-19.

– Tasa de actividad: las Autoridades Portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, justificando el impacto negativo en su actividad por COVID-19, podrán dejar sin efecto para 2020 el límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

-Tasa del buque: se establece una exención a la tasa del buque cuando este deba encontrase amarrado o fondeado en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la Autoridad competente por razón de la crisis del COVID-19, mientras dure esta circunstancia.

– Aplazamiento de deudas tributarias: previa solicitud, las Autoridades Portuarias podrán conceder el aplazamiento de la deuda tributaria correspondiente de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.

– Terminales de pasajeros: las pérdidas de ingresos como consecuencia de la reducción en la cuota íntegra de tasa de ocupación, en aquellas Autoridades Portuarias cuyo tráfico de pasajeros ha sufrido un descenso significativo por la aplicación de las disposiciones que limitan la movilidad de personas, se tendrán en cuenta como criterio en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario de 2020 y 2021.

Medidas para reducir los costes de PYMES y autónomos: arrendamientos para uso distinto del de vivienda (arts. 1 a 5)

La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, bajo ciertos requisitos, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, una moratoria en el pago, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado un acuerdo previo sobre moratoria o reducción de la renta.

En otros casos (arrendadores distintos de los anteriores), y también bajo ciertos requisitos, podrá solicitarse de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

Los arrendatarios, que se hayan beneficiado de este aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos legales, serán responsables por daños y perjuicios, así como de los gastos generados por la aplicación de la medida.
Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. bajo la modalidad de préstamo (art. 6)

La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE), atendiendo a la situación económico-financiera de aquellos beneficiarios de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables formalizadas bajo la modalidad de préstamos, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 les haya originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que les impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del otorgamiento de las mismas, podrá acordar la concesión de aplazamientos de las cuotas de los préstamos suscritos, siempre que dichos prestatarios no se encontrasen en situación concursal y estuvieran al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a la Hacienda pública y con la Seguridad Social.

Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de Compensación de Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por las entidades aseguradoras privadas (art. 7)

El Consorcio de Compensación de Seguros podrá aceptar en reaseguro los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar en los ramos de seguro de crédito y de caución, que así lo soliciten y que suscriban o se adhieran al acuerdo correspondiente con la citada entidad pública empresarial.

Tipo impositivo aplicable del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 (art. 8)

Hasta el 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo del 0% del IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo de este real decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social (en factura, operaciones exentas).

Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados (Impuesto sobre Sociedades) (art. 9)

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que resulte de aplicación el apartado 1 del artículo único del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, podrán ejercitar la opción de pagos fraccionados (artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre), mediante la presentación en plazo ampliado del primer pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo.

Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020 (IRPF) (art. 10)

Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación objetiva y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, renuncien a la aplicación del mismo, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, bajo ciertos requisitos.

Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020 (art. 11)

Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas relativas al método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA y determinen el rendimiento neto de aquellas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación (art. 29 del RDL 8/2020, de 17 de marzo) (art. 12)

En el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del Estado, las declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones presentadas por un contribuyente en el plazo previsto en el artículo 62.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas tributarias resultantes de las mismas, impedirá el inicio del periodo ejecutivo, bajo ciertos requisitos.

Límite máximo de la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica

En esta línea de avales (Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo), el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá conceder avales por un importe máximo de 1.200 millones de euros.

Ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido para las ayudas para la reconstrucción o rehabilitación de viviendas o para la reparación de daños causados por los seísmos ocurridos en Lorca, Murcia, en 2011

Cuando la ejecución de las obras de reconstrucción o de rehabilitación de las viviendas o para la reparación de daños haya superado los plazos de 24 y 12 meses (artículo 7 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo), los interesados podrán solicitar la ampliación del plazo concedido.
Ayudas con cargo a financiación de convocatorias públicas en el ámbito universitario

Los beneficiarios de ayudas con cargo a la financiación procedente de convocatorias realizadas por el Ministerio de Universidades dirigidas a estudiantes universitarios, personal investigador, y/o profesores universitarios, podrán solicitar las modificaciones oportunas en las condiciones de sus ayudas, cuya realización se haya visto perjudicada como consecuencia de las medidas tomadas tanto en España como en los países de destino a causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos

Las cuotas que venzan en 2020 derivadas de préstamos o anticipos concedidos a entidades promotoras de parques científicos y tecnológicos en virtud de las convocatorias gestionadas exclusivamente a nivel estatal (ministerios) en años anteriores, desde el año 2000 quedarán aplazadas a la misma fecha del año 2021. La refinanciación de cuotas implicará la constitución de un nuevo préstamo.

Autorización de endeudamiento del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

Se autoriza para el ejercicio 2020 el endeudamiento del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) por un importe máximo de 47.888.247,62 €. El tipo de interés será el aplicable para los préstamos y anticipos de la política de investigación, desarrollo e innovación (LPGE).

Otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho inscribible distinto

El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito inmobiliario. Se establecen obligaciones unilaterales para las entidades acreedoras (elevación a escritura pública del reconocimiento de la suspensión, entre otras).

No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo)

Lo dispuesto sobre inicio del periodo ejecutivo (artículo 12 de dicha norma) será de aplicación a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020. En el caso de deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones presentadas anteriormente, se considerarán en periodo voluntario de ingreso en determinadas circunstancias.

Régimen transitorio hasta la aprobación de los Estatutos de la Fundación España Deporte Global, F.S.P. y su inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Hasta dicha aprobación, el Consejo Superior de Deportes gestionará directamente las cuantías de comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. En el plazo de un mes desde la publicación de este RDL deberán aprobarse dichos Estatutos.

Determinados préstamos universitarios

Aquellas personas que hayan suscrito préstamos universitarios (conforme a diversas Órdenes ministeriales) podrán optar, con anterioridad al día 31 de julio de 2020, por la novación de sus respectivos instrumentos contractuales. Se establece un periodo de carencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2020 para todos aquellos préstamos que se acojan a esta novación.

MODIFICACIONES NORMATIVAS. DISPOSICIONES FINALES

– Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril: art. 8.2 (fallecimiento de beneficiarios de prestaciones de clases pasivas); art. 11 (competencia para el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado); art. 12 (competencia para el pago pago de las prestaciones de dicho régimen; art. 13.3 (cómputo); etc.

– Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: art. 91.dos 1 (libros, periódicos y revistas).

– Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto: art. 23.1 (falsedad o inexactitud en declaraciones o comunicaciones de datos); art. 23.2 (infracciones muy graves) y art. 43.2 (devolución de cantidades indebidas).

– Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia: art. 7 (Comisión mixta).

– Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional: art. 1.1 (comercialización de derechos de explotación); art. 4.4 (duración de los contratos de comercialización); etc.

– Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre: art. 324, apartados 1 y 2 (sistema especial de trabajadores agrarios).

– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014: art. 159.4 (apertura de sobres o archivos electrónicos).

– Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: art. 17.7 (gestión de prestaciones); art. 22.1 (suspensiones de contrato y reducciones de jornada); art. 25.6 (medidas extraordinarias para trabajadores fijos-discontinuos); art. 29, apartados 1 y 2 (otorgamiento de avales); y art. 33.3. (tributos)

– Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19: disp. adic. Segunda (régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas).

– Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19: art. 5.1 (miembros con discapacidad en unidad familiar); art. 16.1 (misma causa); art. 24.6 (instrumentos notariales); art. 35.3 (aplazamiento en pago de deudas con la Seguridad Social); art. 36.1 (consumidores y usuarios); disp. adic. octava (contratación con sector público).