Autor: Oscar Santaella Sáez

Resumen

En el ámbito de la responsabilidad civil en la que pueden incurrir los abogados en el ejercicio de su quehacer profesional, hay un aspecto que ha generado importantes controversias doctrinales y jurisprudenciales como es el daño que esa declaración de responsabilidad puede generar en el cliente y que presenta ciertas peculiaridades, especialmente, cuando éste se ve privado de la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial como consecuencia de haber dejado transcurrir el letrado el plazo que le marcaba la Ley para ejercitar alguna acción o interponer un recurso.

I. Introducción

Desde la promulgación de la Ley de Contrato de Seguro allá por el año 1980, uno de los preceptos que ha despertado una mayor controversia (pese a dictarse como una respuesta legal a la realidad jurídica imperante), ha sido el artículo 76 de la misma, lo que ha dado lugar a importantes estudios doctrinales y diversas posturas jurisprudenciales.

Con carácter general, en el ámbito del seguro de responsabilidad civil, se parte de la distinción entre la acción de repetición y el derecho de subrogación o acción de reembolso. Así, la acción de subrogación es considerada una acción netamente indemnizatoria, de origen contractual, a la que son de aplicación los mecanismos ordinarios de la subrogación, de manera que la aseguradora que paga se sitúa en idéntica posición que su asegurado, pudiendo ejercitar la misma acción que correspondía a éste, y debiendo soportar las mismas excepciones que pudieran oponérsele, mientras que, por otro lado, la acción de repetición no goza de la misma naturaleza al ser considerada una acción recuperatoria, independiente y autónoma, carente de apoyo contractual alguno, y que se concede al
asegurador en los casos en que paga a pesar de la inexistencia de contrato, o en aquellos en que aun existiendo contrato, hay causa legal o contractual de exclusión de cobertura. Ahora bien, la realidad práctica plantea situaciones
en las que ambos derechos pueden llegar a confundirse.

Uno de los cambios que introdujo la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, fue la inclusión de un Sistema de Seguro de Responsabilidad Civil –como se verá de suscripción obligatoria- o prestación de garantía equivalente para aquellos que reuniendo los requisitos que fija la Ley pretendan desempeñar el cargo de Administrador Concursal.

La aludida Ley de reforma señalaba –al alterar el tenor literal del artículo 29 de la Ley Concursal que dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación –por parte del Administrador Concursal-, el designado deberá comparecer ante el juzgado para acreditar que tiene suscrito seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto en los términos que se desarrollen reglamentariamente. Pues bien, este desarrollo reglamentario ha sido abordado por el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre y publicado en el BOE el 6 de octubre, por el que se regula el Seguro de Responsabilidad Civil y la garantía equivalente de los administradores concursales.

De acuerdo con lo anterior, en el presente artículo, trataremos de abordar el carácter obligatorio de este Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio profesional de la administración concursal –para el caso de no otorgar garantía equivalente- y, asimismo, pondremos esta cuestión en relación con la posible responsabilidad en la que pueden incurrir los Administradores Concursales en el desempeño de sus funciones, cuales son las acciones de responsabilidad que se pueden ejercitar frente a ellos, los plazos para el ejercicio de estas acciones y la cobertura, que para el caso de haber concertado el correspondiente Seguro, debe prestar la Entidad Aseguradora si acaece el siniestro, y finalizaremos dejando en el aire una serie de cuestiones que consideramos pueden surgir tras esta nueva regulación.