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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (23/04)

Intervención de Ramiro Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 23 de abril.


#Covid_19



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No hay que pagar ni al notario ni al registro cuando se solicite la moratoria de hipotecas #Covid19

«Se exime a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad por el #Covid19 que se acojan a la moratoria de las hipotecas y de otros préstamos de los gastos de notario y registrador que conlleva el trámite.»

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/04/22/5e9ffef6e5fdea35508b4577.html#

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo en el que, entre otras medidas, se exime a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad por el Covid-19 que se acojan a la moratoria de las hipotecas y de otros préstamos de los gastos de notario y registrador que conlleva el trámite.
La norma obliga a las entidades financieras a elevar a escritura pública el reconocimiento de la suspensión de la deuda hipotecaria prevista en el real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (22/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 22 de abril.


#Covid_19

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AUDIO INTERVENCIÓN
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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (21/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 21 de abril.
#Covid_19

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Preguntas sobre los #ERTE.

VIA DIARIO CINCO DIAS

Empresas de todos los sectores y tamaños están recurriendo a los ERTE o Expediente de Regulación Temporal de Empleo para afrontar la crisis derivada del coronavirus. El número de trabajadores afectados por este procedimiento en el marco del Covid 19 es de casi cuatro millones (en concreto, 3.889.000) hasta la primera quincena de abril, según datos que ha dado a conocer el Gobierno.

El ERTE supone que la empresa suspende temporalmente el contratos de trabajo del empleado o bien reduce su jornada laboral (con el consiguiente recorte de sueldo proporcional) por causas derivadas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. No es que el trabajador sea despedido, solo que el contrato queda interrumpido de forma temporal. ¿Cómo le afecta al empleado? ¿Cuánto y cuándo cobrará? ¿Tendrá derecho a vacaciones? Aquí van algunas cuestiones para los afectados.

¿Qué diferencia el ERTE relacionado con el Covid 19?

Ante el estado de alarma decretado para hacer frente al coronavirus y el cierre de muchos negocios, el Gobierno aprobó el Real Decreto de 17 de marzo que fijó medidas excepcionales de aplicación de ERTE, los agiliza y flexibiliza sus requisitos, de manera que la empresa afectada por la falta de actividad pueda suspender contratos y evitar los despidos. Como motivos para justificar el ERTE relacionado con el #Covid19 está la suspensión o cancelación de actividades, el cierre de establecimientos, las restricciones al transporte público, la falta de suministros graves o situaciones extraordinarias por contagio de la plantilla o aplicación de aislamiento preventivo.

Este tipo de ERTE se mantendrá lo que dure el estado de alarma. Tiene algunas ventajas para el trabajador, por ejemplo que no será necesario tener un tiempo mínimo cotizado para poder aplicarlo. En una situación normal, es necesario tener al menos 360 días cotizados en los últimos seis años. Sin embargo, durante el estado de alarma este requisito ha sido eliminado.

Además, el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los períodos máximos de prestación establecidos para el trabajador. Es decir, no contará para futuras prestaciones.

Durante los ERTE relacionados con #Covid 19 los trabajadores no serán dados de baja en la Seguridad Social, y según las medidas excepcionales aprobadas, la empresa podrá  estar exonerada del pago de las cotizaciones.

Estos ajustes relacionados con la crisis sanitaria, con los beneficios citados, pueden ser de dos tipos: de fuerza mayor, para los negocios cerrados por el Estado de alarma (este tipo requiere autorización administrativa de la autoridad laboral autonómica o del Ministerio de Trabajo si la empresa opera en más de una comunidad); o bien los ERTE por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción, pero relacionados también con Covid-19. Este último tipo de ajuste es el que usaban generalmente las empresas hasta antes dde la crisis pero ahora se han acortado sus plazos y flexibilizado su procedimiento. Además, estos no requieren autorización administrativa sino que se negocian con los representantes de los trabajadores (si existen o una comisión creada ad hoc, que también se ha regulado).

¿Qué diferencia un ERTE de suspensión y el de reducción de jornada?

El ERTE puede implicar suspender el contrato o bien reducción de jornada. En el primer caso, se suspende la obligación del empleado de ir a trabajar y para el empresario se suspende su obligación de pagar el salario. Desde el momento en que el ERTE tenga efectos, el trabajador no va a cobrar la nómina sino que accederá a la prestación por el desempleo.

En el ERTE de reducción de jornada, el empleado trabajará menos horas. Cobra su sueldo de forma proporcional a las horas que trabaja, y recibe la prestación por desempleo por las horas no trabajadas. La reducción de la actividad puede ser de entre el 10% y el 70%. En los ERTE de Covid 19, una vez acabado el estado de alarma, el trabajador volvería a tener su jornada y su sueldo habituales. 

¿Desde cuándo empieza el trabajador a cobrar el desempleo por el ERTE? ¿Es necesario solicitarlo?

El trabajador empezará a recibir la prestación de desempleo desde la fecha de efectos del ERTE. En el caso de los ERTE por fuerza mayor, esta fecha es el momento en el que se dejó de trabajar como consecuencia de la situación provocada por el Covid 19, según explica CC OO en su guía. Recuerda además que los trabajadores afectados deben recibir de la empresa un certificado donde figura la causa y la fecha de efectos del ERTE que les afecta.

Por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha regulado un procedimiento que permite la tramitación de la prestación por desempleo en los ERTE Covid 19 para toda la plantilla por parte de la empresa. Por ello, los trabajadores afectados por el ERTE del estado de alarma no deben presentar ninguna solicitud, será la empresa la facilitará la información necesaria al servicio de empleo para el pago de prestaciones. Es otra de las diferencias con el planteamiento de ERTE ordinario.

¿Cuánto cobra el trabajador en un ERTE de suspensión?

El cobro del paro es igual que en los ERTE ordinarios, es decir, el trabajador afectado recibirá una cuantía del 70% de la base reguladora (teniendo como referencia los 180 días anteriores a la fecha del ERTE). En los ERTE ordinarios, el trabajador cobra el 70% de la base los seis primeros meses y a partir del séptimo, el 50%. Previsiblemente los ERTE por Covid-19 no durarán tanto, ya que en principio solo se mantendrán en el estado de alarma.

No obstante, se fijan unos mínimos y máximos, que varían en función de si el beneficiario tiene hijos o no. Concretamente, el mínimo sin hijos a cargo es de 501,98 euros mensuales y, si se tiene uno o más hijos, esa cantidad aumenta a 671,40 euros al mes. La prestación máxima es, sin hijos, de 1.098,09 euros al mes; con un hijo a cargo, 1.254,96 euros mensuales y con dos o más hijos asciende a 1.411,83 euros.

¿Cuánto se cobra si el ERTE es de reducción de jornada?

En el supuesto de reducción de jornada (unas horas al día o bien por algunos días al mes), el trabajador cobrará parte del sueldo y además parte de la prestación por desempleo, equivalente al de la reducción.

Por ejemplo, si como consecuencia del ERTE la jornada de trabajo se ha reducido un 50%, la cuantía de la prestación será del 50% a la que hubiese correspondido en caso de desempleo a jornada completa. Siguiendo con el ejemplo que cita CC OO, si ese ERTE afectase al mes de marzo de 2020, el trabajador afectado tendría derecho a percibir la prestación de desempleo durante 16 días (15,5 días que equivalen al 50% de los 31 días que tiene este mes). El servicio de empleo suele redondear la duración de las prestaciones, de manera que las fracciones iguales o superiores a 0,5 dan lugar a un día adicional, mientras que las iguales o inferiores a 0,4 se redondean en sentido inverso.

¿Cómo es el procedimiento?

La empresa debe presentar la solicitud  a la autoridad laboral competente con un informe relativo a la pérdida de actividad como consecuencia del Covid 19 y deberá comunicar la solicitud de ERTE a las  personas trabajadoras. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud (en vez de los 7 días establecidos con carácter general) y deberá limitarse a constatar la existencia de fuerza mayor.

¿Cuánto puede durar un ERTE?

El ERTE ordinario no tiene plazo. Los ERTE por Covid 19 durarán, en principio, lo que dure el estado de alarma.

¿Puede la empresa hacer un ERTE que afecte solo a una parte de la plantilla?

Si, la empresa puede decidir solicitar un ERTE solo para una parte de su plantilla. CC OO cita como ejemplo a las empresas de comida rápida, al permitir el estado de alarma el reparto domiciliario, la empresa puede hacer un ERTE que afecte a parte del personal que atendía el establecimiento.

Si estoy con un ERTE ¿genero vacaciones? ¿qué pasa con mi paga extra?

Durante el tiempo que al trabajador se le está aplicando ERTE no genera ni vacaciones, ni la parte proporcional de las pagas extras.

¿Cómo afecta al trabajador que ya había reducido su jornada por otros motivos?

El trabajador con reducción de jornada por cuidado de hijos o de afectados por Covid 19 a los que se reduzca más la jornada en aplicación de un ERTE, tendrá derecho a que la prestación por desempleo se calcule como si hubiese estado trabajando al 100% de jornada.


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Todas las resoluciones de la Administración de #Justicia sobre el #COVID

A continuación enlazamos en nuestra página las resoluciones de la Administración de Justicia sobre el #COVID19

?SERVICIOS ESENCIALES

Incuye:
– RESOLUCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
– RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
– RESOLUCIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
– RESOLUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
– RESOLUCIONES AUTONÓMICAS
– OTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (17/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 17 de abril.
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La responsabilidad patrimonial de la Administraciones Públicas en la gestión del Coronavirus

Óscar Santaella Sáez Doctor en derecho Abogado en Bufete R. Pérez de la Blanca y Asociados, S.L.P. Profesor UNIR.

Diario La Ley, Nº 9613, Sección Tribuna, 15 de Abril de 2020, Wolters Kluwer

El presente trabajo tiene por objeto estudiar todas aquellas situaciones de hecho que se les han presentado y en las que han tenido que intervenir las distintas instituciones públicas en los días anteriores y posteriores a la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno como consecuencia del COVID-19 —en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19— y, previamente, la declaración de «pandemia global» efectuada por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo, y si la actuación de aquéllas puede o no encajar en supuestos de responsabilidad a la luz de la normativa aplicable y de la jurisprudencia sentada por nuestros Tribunales de justicia, especialmente, por nuestro Alto tribunal.

De acuerdo con lo anterior, dejaremos fuera del ámbito de estudio de este trabajo, posibles responsabilidades individuales sean políticas o, incluso, penales, para centrarnos en la responsabilidad en la que puede incurrir la administración como tal para con los ciudadanos en la gestión de los servicios públicos, esto es, en la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la Administración se configura en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 106.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y 32 de la Ley 40/2015 (LA LEY 15011/2015), como una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a aquella a indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Si bien, no todo daño que produzca la Administración es indemnizable, sino tan solo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico, no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo, por no existir causas de justificación que lo legitimen.

«No todo daño que produzca la Administración es indemnizable, sino tan solo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico.»

Por tanto, partiendo de lo anterior, los requisitos que deben concurrir para tener derecho a la indemnización por razón de responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como ha ido configurando nuestro Tribunal Supremo, son los siguientes:
1) Existencia y realidad de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona, y que el interesado no tenga el deber jurídico de soportarlo.
2) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y no producido por fuerza mayor.
3) Relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño o lesión. Ha de determinarse, por tanto, si existe una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños que se invocan, es decir, si los mismos son imputables a la Administración.

Como ha declarado el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias (entre otras, la de 18 de julio de 2007), la responsabilidad de las Administraciones públicas en nuestro ordenamiento jurídico, tiene su base no solo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), sino también, de modo específico, en el artículo 106.2 de la propia Constitución (LA LEY 2500/1978) al disponer que los particulares en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la ya derogada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LA LEY 3279/1992), y en los artículos 121 (LA LEY 43/1954) y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa (LA LEY 43/1954), que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Asimismo, a los fines del artículo 106.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), la jurisprudencia (sentencias de 5 de junio de 1.989 y 22 de marzo de 1.995), ha homologado como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo. Este aspecto será esencial a la hora de valorar las actuaciones de las administraciones en el supuesto que nos ocupa.

Asimismo, tampoco cabe olvidar que en relación con dicha responsabilidad patrimonial es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que la misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión aunque, como ha declarado igualmente en reiteradísimas ocasiones, es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido y que esta relación causal pueda ser acreditada.

Es además jurisprudencia reiteradísima que solo son indemnizables las lesiones producidas provinientes de daños que no haya el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La antijuridicidad del daño viene exigiéndose por la jurisprudencia, en sentencias, entre otras muchas, de 22 de abril de 1994, con cita de otras, según la cual: «esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar» (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003).

Por último, enlazando con lo expuesto, será crucial para la apreciación de la responsabilidad patrimonial de la administración, si la acción u omisión del ente público ha podido o no encuadrarse en una causa de fuerza mayor, concepto jurídico éste, abordado por doctrina y jurisprudencia, pero no exento de controversia.

Partiendo de lo anterior, resulta evidente que lo que no cabe en modo alguno es declarar responsabilidad patrimonial de ninguna administración de un modo genérico, sino que habrá que individualizar la actuación de la administración (acción u omisión), el daño sufrido por el administrado (evaluable económicamente) y que este daño sea antijurídico; que exista relación causal entre el daño antijurídico que el administrado no tenga obligación de soportar y la actuación de la administración; y, finalmente, que la administración no pueda ampararse en la concurrencia de fuerza mayor en el ámbito de su actuación.

En este caso, dada la pandemia que azota a nuestro país y la declaración del estado de alarma habría que partir de unas notas básicas del concepto de fuerza mayor para extrapolarlas, más tarde, a cada uno de los supuestos objeto de estudio. Para ello partiremos de la concepción que tiene el Tribunal Supremo al respecto. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2006, en la que se citan otras, señala que «a fuerza mayor ha de entenderse constituida por un acontecimiento surgido «a posteriori» de la convención que hace inútil todo esfuerzo diligente puesto en la consecución de lo contratado, debiendo concurrir en dicho acontecimiento —hecho determinante— la cualidad de ajenidad, en el sentido de que ha de ser del todo independiente de quien lo alega, sin que pueda confundirse la ajenidad con aquellas circunstancias que tienen que ser asumidas y previstas por la parte contratante de quien depende el cumplimiento; y asimismo debe haber una total ausencia de culpa, porque la culpa es incompatible con la fuerza mayor y el caso fortuito; y que la «fuerza mayor» ha de consistir en una fuerza superior a todo control y previsión, y para ponderar su concurrencia habrá de estarse a la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una posibilidad de orden práctico».

La aplicación de dichos criterios generales permiten deducir, primero, la ajenidad y culpa, en principio, de las administraciones públicas en la aparición del COVID-19 genérico, permiten deducir, primero, la ajenidad y culpa, en principio, de las administraciones públicas en la aparición del COVID-19; y, segundo, que donde si podría cuestionarse esta exención de responsabilidad es en si las administraciones han tenido la previsión y control adecuadas a las circunstancias derivadas a la situación de pandemia.

«La aplicación de dichos criterios generales permiten deducir, primero, la ajenidad y culpa, en principio, de las administraciones públicas en la aparición del COVID-19,»

Pues bien, llegado a este punto, vamos abordar cada uno de los supuestos en los que, dentro de esta situación de crisis sanitaria, podría plantearse la existencia de responsabilidad patrimonial de algunas de las administraciones en base a las conductas desplegadas por éstas. En concreto, analizaremos la inacción de la administración en la autorización y no suspensión de eventos con gran concentración de personas; la posible responsabilidad de la administración sanitaria ante actuaciones negligentes en la prevención o curación del coronavirus; por último, analizaremos si los ciudadanos o personas jurídicas que se han visto obligados a adoptar o permitir determinados comportamientos con motivo de la declaración del estado de alarma, tienen o no la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial al Ente Público.

I. OMISIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL EN EL CONTROL DE LA PANDEMIA AL NO PROHIBIR CONCENTRACIONES DE PERSONAS ANTE EL RIESGO DE CONTAGIO

En primer lugar, mucho se ha hablado de algunas de las concentraciones de personas que tuvieron lugar en los días anteriores a la declaración de estado de alarma que de manera indirecta sirvió para limitar el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión, en concreto, mucho se ha discutido sobre la Manifestación del Día Internacional de la Mujer del día 8 de marzo y la posible responsabilidad del Estado en la autorización de la misma y en su no suspensión. A estos efectos, lo primero que debemos saber es que la competencia para la autorización del ejercicio de este derecho fundamental recogido en el artículo 21 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), así como para la suspensión, en su caso, del ejercicio de este derecho, corresponde al Estado.

En segundo lugar, debemos conocer si desde un punto de vista jurídico el Estado tenía o no las herramientas legales para decretar esta suspensión que lo habría sido por riesgo para la salud pública. Pese a que la propia Constitución solo prevé la prohibición de este derecho por razones fundadas de alteración del orden público —lo que excluiría, antes de la declaración del estado de alarma, la prohibición—, fuera de la normativa estatal el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en su artículo 11 (LA LEY 16/1950), sí recoge esta posibilidad.

Por último, habría que examinar si el Estado disponía de la información necesaria y suficiente para saber que esas concentraciones revestían un grave peligro para la salud pública —aspecto que desconocemos fehacientemente—. Bastante ilustrativa puede resultar, a estos efectos, el supuesto analizado por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid (sec. 20ª, S 10-12-2013, rec. 145/2012 (LA LEY 240301/2013)) con motivo de un brote de gripe A existente en un crucero, en el que se trataba de exigir responsabilidad a la empresa encargada del servicio para que indemnizara los daños y perjuicios sufridos por los viajeros que se contagiaron de la misma. Salvando las distancias entre ambos supuestos -es bien sabida la distinción entre la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad civil- el Tribunal declaró que «no puede calificarse de negligente la actuación de la demandada, como sostienen los apelantes, por el hecho de que el médico o el capitán de barco no impidieran el embarque de las personas que no reunieran las condiciones de salud necesarias, pues no consta que en el momento de iniciar el crucero, tuvieran conocimiento o estuvieran en condiciones de conocer, quiénes de todos los integrantes de la tripulación, se encontraban en esas condiciones de salud, por lo que la situación que finalmente se planteó, les era imprevisible e inevitable y concurren los requisitos necesarios para considerar que la situación producida fue originada por una circunstancia de fuerza mayor y no se les puede hacer responsable de los daños que pudieran habérsele ocasionado a los aquí apelantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 162.2 c de la LGDCyU (LA LEY 11922/2007), por lo que deben rechazarse nuevamente sus pretensiones económicas formuladas en este procedimiento». Partiendo de lo anterior y entendiendo hipotéticamente que si concurren las circunstancias analizadas más arriba, habría que examinar la concurrencia de los requisitos necesarios para la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, probar el nexo causal entre la no suspensión por parte del Estado de la manifestación en los términos antes expuestos y el daño sufrido, daño que, no podría ser otro más que el contagio del virus con el consiguiente padecimiento ulterior lo que se vislumbra, desde las pautas de la experiencia, imposible. 3 / 7 Así las cosas, entendemos que la vía de exigencia de responsabilidad del Estado como consecuencia de acontecimientos multitudinarios celebrados con anterioridad a la declaración del estado de alarma no sería esta vía de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio, de poder examinar otro tipo de responsabilidades individuales.

II. INEXISTENCIA DE MEDIOS MÉDICOS Y SANITARIOS DE PROTECCIÓN; CONTAGIO DEL VIRUS; NO DETECCIÓN A TIEMPO DEL CONTAGIO POR INEXISTENCIA DE TEST

La segunda de las situaciones de hecho que nos podemos plantear es la relativa a la responsabilidad de la administración competente por negligencia en la gestión del coronavirus desde un punto de vista médico y sanitario. En este caso, la asunción de competencias de las Comunidades Autónomas harían que fueran éstas las que ostentarían la legitimación pasiva para soportar esta responsabilidad, si bien, dada la declaración del estado de alarma por parte del Estado y consiguiente ejercicio de funciones derivadas de la centralización de medidas en este ámbito (artículo 12 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020) de medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional), podría hacer que ostentara también responsabilidad, pudiendo hablar, en su caso, de una responsabilidad concurrente de conformidad con el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015).

Ahora bien, de entrada la declaración de pandemia global por la OMS y del estado de alarma, podrían hacer que la responsabilidad estuviera excluida al considerar que se trata de un supuesto de fuerza mayor (pandemia), y ello en virtud de la propia letra de la Ley 40/2015, pues pese a lo dispuesto en el artículo 32, el artículo 34 dispone que «no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos». En este sentido, podemos traer a colación varias sentencias en las que el Tribunal Supremo con motivo de las transfusiones del virus de la hepatitis C, apeló a la fuerza mayor por entender la existencia de un desconocimiento científico completo del citado virus y de los medios que impidieran o atenuaran su expansión, entendiendo que no estaba al alcance de la Administración sanitaria impedir su contagio y resultar por ello inevitable, además de que la limitación de la ciencia médica en determinados momentos no puede considerarse dentro del círculo de actuación de la sanidad pública (STS Sala Tercera, de 22 de enero de 1997 o de 5 de abril de 2000).

Sin perjuicio de lo anterior, la cuestión es ¿la fuerza mayor puede excluir toda responsabilidad dentro de la situación imprevisible aún en el caso de que la misma no se gestionara de la manera más acorde a la lex artis dentro de los conocimientos de la ciencia y de la técnica?.

Es evidente que la casuística puede ser muy distinta y será en cada caso concreto en el que haya que determinar si, en efecto, la gestión de los medios existentes se realizó de modo adecuado o no y, en consecuencia, si el daño fue o no causa directa y exclusiva de la fuerza mayor (pandemia) o si tuvo o no incidencia directa la gestión de los medios existentes y conocidos por la administración en el contagio y en el tratamiento de la enfermedad derivada del virus. Debemos aclarar que las hipotéticas reclamaciones o reivindicaciones por falta de medios y equipos de protección individual por parte de los profesionales sanitarios u otros profesionales al servicio de la administración pública no serán abordadas en este trabajo por encajar mejor en el ámbito laboral o, en última instancia, en ius puniendi del Estado.

Para responder a la cuestión antes planteada, consideramos necesario examinar las notas especiales de la responsabilidad patrimonial de la administración en el ámbito sanitario. La jurisprudencia considera dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria que no es suficiente la existencia de una lesión (que llevaría a la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis —antes aludida— como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar en todo caso la sanidad o salud del paciente, criterio éste que habría que agudizar ante situaciones imprevisibles y desconocidas como la generada por el COVID-19.

De inicio, debemos saber que la actividad médica y la obligación de los profesionales del ámbito sanitario son de medios y no de resultado (entre otras, STS de 14.10.2002 (LA LEY 12538/2003), 10.6.2003 (LA LEY 10277/2004) o 19.10.2004 (LA LEY 171/2005)), de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar, en todo caso, la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los pacientes sino a procurar con los medios a su alcance su restablecimiento, toda vez que la salud de las personas no es algo de lo que se pueda disponer, no se trata de un deber con el que se trate de conseguir un resultado exacto sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible. La adopción de los medios al alcance del Servicio, en cuanto supone la acomodación de la prestación sanitaria al estado del saber en cada momento y su aplicación al caso concreto atendiendo a las circunstancias del mismo, trasladan el deber de soportar el riesgo al afectado y determinan que el resultado dañoso que puede producirse no sea antijurídico.

«De inicio, debemos saber que la actividad médica y la obligación de los profesionales del ámbito sanitario son de medios y no de resultado.»

Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2012 (LA LEY 104966/2012), que «frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todas las dolencias, ha de recordarse, como hace esta Sala en sentencias de 20 de junio de 2007 y 11 de julio del mismo año, el criterio que sostiene este Tribunal, de que la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, más en ningún caso garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; pero de ello en modo alguno puede deducirse la existencia de una responsabilidad de toda actuación médica, siempre que esta se haya acomodado a la lex artis, y de la que resultaría la obligación de la Administración de obtener un resultado curativo, ya que la responsabilidad de la Administración en el servicio sanitario no se deriva tanto del resultado como de la prestación de los medios razonablemente exigibles». Así las cosas, en el ámbito sanitario habrá que acudir a la lex artis como criterio de imputación de responsabilidad con independencia del resultado, es decir, hay que determinar si el personal médico puso todos los medios a disposición del enfermo para sanarlo. Ahora bien, hay supuestos en los que el daño producido es tan evidente que se produce una inversión de la carga de la prueba en virtud del principio de facilidad probatoria. Son los supuestos denominados por la jurisprudencia del daño desproporcionado, en los que la culpa se presume y será el profesional médico quien deba justificar su modo de actuación. Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2013, que el daño desproporcionado es aquél no previsto ni explicable en la esfera de su actuación profesional y que obliga al profesional médico a acreditar las circunstancias en que se produjo por el principio de facilidad y proximidad probatoria. Se le exige una explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente entre el riesgo inicial que implica la actividad médica y la consecuencia producida, de modo que la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación, creando o haciendo surgir una deducción de negligencia. La existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en relación con el onus probandi de la relación de causalidad y la presunción de culpa (SSTS 30 de junio 2009, rec. 222/205; 27 de diciembre 2011, rec. n.o 2069/2008 (LA LEY 254631/2011), entre otras), sin que ello implique la objetivización, en todo caso, de la responsabilidad por actos médico», «sino revelar, traslucir o dilucidar la culpabilidad de su autor, debido a esa evidencia (res ipsa loquitur)».

En resumen y a los efectos que aquí nos ocupan, la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, si bien admitiendo distintos matices, tiene, en principio, al igual que la responsabilidad patrimonial genérica, una naturaleza objetiva al centrarse en el resultado y su carácter antijurídico, ahora bien, en este ámbito —como es el sanitario— se matiza pues tan sólo le es exigible al personal médico que aplique correctamente y en tiempo las técnicas conocidas y todos los medios a su alcance según esos mismos conocimientos técnicos y científicos.

Pues bien, partiendo de lo anterior y a la vista de las circunstancias extraordinarias concurrentes, dar una respuesta genérica sobre la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración no es posible. Sin embargo, cosa distinta pudiera ocurrir si partiendo de lo anterior se examinaran cada uno de los supuestos acaecidos en los que se entienda que ha podido ocurrir un incumplimiento de la lex artis en la prestación del servicio sanitario o defectuosa gestión de los medios al servicio del centro hospitalario para prevenir o atender los pacientes ingresados o los enfermos contagiados o no pendientes de ingreso. Es decir, se abre un abanico de supuestos en los que, de entrada, no podríamos descartar esa posible responsabilidad de la Administración Sanitaria —sea autonómica o, incluso, estatal— siempre que fuera posible trasladar las pautas y los requisitos anteriormente expuestos al caso concreto objeto de análisis. Supuestos como contagios de enfermos ingresados por otras patologías; inacción ante síntomas evidentes de contagio con consiguiente agravamiento de la situación del paciente; error de diagnóstico sin ajustarse a los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, etc… pudieran dar lugar a esa responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria con el consiguiente resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

III. PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO COMO CONSECUENCIA DE LA NORMATIVA APROBADA A RAÍZ DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.

Por último, debemos hacer hincapié en que podrían hacer las personas físicas o jurídicas que desde el momento de la declaración del estado de alarma, en virtud de algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, han sufrido daños y perjuicios perfectamente cuantificables. Ahora bien, lo cierto es que las situaciones de las que pueden derivar esos perjuicios pueden ser muy distintas: requisas de bienes para uso público-sanitario, ocupación y uso público de su establecimiento para fines sanitarios o, simplemente, orden de cierre de establecimiento comercial o paralización forzosa de actividad por razones de salud pública.

Inicialmente, debemos acudir a la Ley Orgánica 4/1981 (LA LEY 1157/1981), de los estados de alarma, excepción y sitio, que, en efecto, señala en su artículo 3 párrafo 2º que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes». Pues bien, partiendo de este precepto hay que determinar, si éste se puede hacer efectivo, en qué supuestos y en base a que normativa y procedimiento se pueden exigir estos daños y perjuicios.

Lo cierto es que ni el Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020) ni las demás disposiciones que se han ido dictando en su desarrollo aluden a las posibles indemnizaciones por las diferentes medidas adoptadas, ahora bien, a nuestro juicio, dada la previsión legal es evidente que es un derecho amparado en nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión es que la realidad de esta indemnización se erige con más claridad en unos supuestos que en otros, por ejemplo, no es lo mismo la requisa de bienes o intervención y ocupación de industrias, fábricas o locales en los que se podría cuantificar un daño emergente consistente en el valor de los bienes o de la propia ocupación; que los supuestos en los que la disposición del Gobierno se limita a prohibir la apertura de un establecimiento comercial o la que ordena la paralización de una actividad, supuestos en los que está latente un daño en forma de lucro cesante.

Respecto a estos últimos supuestos, tenemos algún antecedente jurisprudencial con motivo de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno en el año 2010 (Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre (LA LEY 24231/2010)), tras la crisis motivada por la huelga de los controladores aéreos, en los que la Audiencia Nacional tuvo que resolver distintas reclamaciones de indemnizaciones de daños y perjuicios como consecuencia del cierre del espacio aéreo español. Pues bien, en diferentes sentencias que resolvían los recursos de apelación interpuestos, la Audiencia Nacional (Contencioso) (entre otras, sec. 8ª, S 12-12-2014, rec. 37/2014) rechazó estas reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios sufridos como consecuencia del cierre del espacio aéreo español motivado por el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, al resultar inevitable, en garantía de la seguridad aérea, constatada la ausencia de la mayoría de los controladores que tenían que prestar servicio en cada turno y centro de control.

Quizás, esta misma solución pueda ser por la que opten nuestros Tribunales de Justicia ante reclamaciones de responsabilidad por paralización de actividad o cierre de local comercial por razones de salud pública, salvo que el criterio sea otro, y la interpretación de la norma y los derechos en juego sea otra.

Por otro lado, las reclamaciones que se cursen al haber sufrido perjuicios, por ejemplo, a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020) que autoriza al Ministro de Sanidad, entre otras cosas, a «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico» o a «practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias», si parecen tener mejores perspectivas jurídicas. Para ello, al no prever la Ley Orgánica que regula el estado de alarma la forma de cuantificar estos daños, habría que acudir —según ha venido entendiendo la doctrina más autorizada (1) — a la normativa recogida en la Ley de Expropiación Forzosa (LA LEY 43/1954). De hecho, es significativo lo recogido en el artículo 120 de la misma establece que «cuando por consecuencia de graves razones de orden o seguridad públicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por las autoridades civiles medidas que implicasen destrucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiación exige esta Ley, el particular dañado tendrá derecho a indemnización de acuerdo con las normas que se señalan en los preceptos relativos a los daños de la ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de los muebles, debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales normas».

«Será el perjudicado quien deba iniciar el expediente de reclamación de daños y perjuicios.»

En efecto, será el perjudicado quien deba iniciar el expediente de reclamación de daños y perjuicios que, en este caso, deberá acogerse a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LA LEY 15010/2015), lo que supone —de manera coincidente a lo dispuesto a la Ley de Expropiación Forzosa (LA LEY 43/1954)— que deba efectuarse la reclamación en el plazo de un año, y de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015). Ahora bien, por supuesto que la posibilidad de reclamar y el plazo para el inicio del plazo para el ejercicio de este derecho, será una vez finalice el estado de alarma, momento en el que se podrán cuantificar los daños y perjuicios por los servicios prestados o los bienes requisados y reclamar oportunamente ante la administración estatal responsable.

(1)ACITORES DURÁN, J. La ocupación de bienes y derechos expropiados y la determinación de la indemnización expropiatoria. Editorial El Derecho Editores / Diario de Jurisprudencia El Derecho, 10 de mayo de 2004, n.o 1989, pg. 1.

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (16/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 16 de abril.
#Covid_19

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (15/04)

Hoy hablamos especialmente de lo legislado sobre situaciones de vulnerabililidad económica en esta crisis del #Covid_19.

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 15 de abril.
#Covid_19

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@AndaluciaJunta aprueba Nuevas #Ayudas de 300 euros para autónomos y mutualistas afectados por la crisis del #Covid-19

El Consejo de Gobierno del 15 de abril ha aprobado con carácter urgente una ayuda excepcional de 300 euros para los autónomos y trabajadores por cuenta propia para cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo frente, como por ejemplo las cuotas de la Seguridad Social.

El presupuesto total destinado a esta línea de ayudas es de 50 millones de euros, con el que se pretende alcanzar a más de 150.000 beneficiarios.

Tipo de ayuda

  • Abono de 300 euros a la persona beneficiaria en un único pago.
  • El límite para pedir la ayuda será de quince días después de declararse finalizado el estado de alarma
  • Concurrencia no competitiva, hasta agotar presupuesto (50 M€)

Beneficiarios

Aquellos autónomos y mutualistas que trabajen en servicios esenciales y que han visto mermada su actividad. Un total de 99 tipos de profesiones, entre las que se encuentran:

  • Sanitarios (odontólogos, fisioterapeutas, logopedas,…)
  • Centros o clínicas veterinarias
  • Ópticas y productos ortopédicos
  • Prensa y papelería
  • Tintorerías
  • Transporte de personas (taxis)
  • Sector artesanal (fabricación de papel, vidrio, productos de madera, hierro, instrumentos musicales, etc.)
  • Abogados
  • Procuradores
  • Intérpretes
  • Psicólogos
  • Profesionales del sector de la flor cortada
  • Fabricantes de quesos
  • Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad.
  • Fotografía
  • Textil y confección
  • Telecomunicaciones
  • Restaurantes y puestos de comida.

También se ha incluido como beneficiarios a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por encuadrarse en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Requisitos

  • Ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía,
  • Estar afiliado al RETA por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente
  • Aquellos autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que no supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales)
  • NO haberse acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad de RDL de 29 de marzo.

Cómo se solicita

  • Vía telemática a través de la web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
  • A partir del día siguiente a la publicación en BOJA del Decreto Ley aprobado en Consejo de Gobierno del 15 de abril.
  • Basta con rellenar un formulario, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos exigidos para percibir la ayuda.
  • Algunos datos que tendrá que rellenar: el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa; declaración del IRPF de 2018 y número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/detalleAsuntoConsejo?asunto=194541

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos.html?fbclid=IwAR3eM6oHku576FdN8VJBD3Fupnv8UgScrwDDgHen2HJURheLjHAteoC8_xY

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-autonomos-podran-pedir-junta-abono-cuota-desde-este-viernes-202004151558_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (14/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 14 de abril.
#Covid_19

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Intervención en Hoy por Hoy de @RadioGranada de nuestro Bufete. (13/04)

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 13 de abril a las 13:32 horas.
#Covid_19

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GUIA RÁPIDA PLUSVALÍA MUNICIPAL EN GRANADA

Los granadinos tienen que pagar la plusvalía municipal durante el confinamiento.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), es un tributo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos urbanos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

PLUSVALÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE GRANADA ¿Se ha interrumpido el plazo?

El Ayuntamiento de Granada comunica que los plazos de declaraciones y autoliquidaciones de este impuesto no se han interrumpido.

¿Cómo lo presento?

La autoliquidación la puede practicar a través de la página web del Ayuntamiento de Granada, en el menú habilitado al efecto en el apartado “impresos y trámites”: Autoliquidaciones y depósitos previos (Impuesto incremento valor naturaleza urbana)

¿Y si no sé hacerlo?

Puede solicitar ayuda a través del correo electrónico recursosnoperiodicos@granada.org. Indique también un teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto, se le remitirá al mismo la autoliquidación procedente para su pago o aplazamiento.

¿Cómo lo pago si el plazo a ingresar vence durante la vigencia del estado de alarma?

1º- Si presentó las escrituras públicas o la documentación que corresponda tiene dos opciones:
– Proceder a su pago vía telemática o realizando la gestión por los medios que habilite la entidad bancaria.

– Solicitar un aplazamiento (impreso de solicitud: aplazamiento/fraccionamiento) y presentarlo electrónicamente a través del registro telemático (trámite de instancia general), el Registro Electrónico Común AGE (https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html ) o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico cartadepago@granada.org. Por favor indique número de autoliquidación 92-4-2020-xxxxxx-x, un teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto.

2º- Si no presentó escrituras públicas o la documentación que corresponda puede aportarlas a través del correo electrónico recursosnoperiodicos@granada.org o el registro telemático (instancia general) y puede:

– Proceder a su pago vía telemática o realizando la gestión por los medios que habilite la entidad bancaria. – Solicitar un aplazamiento con el impreso de solicitud de aplazamiento/fraccionamiento) y presentarlo electrónicamente a través del registro telemático (trámites de instancia general) , el Registro Electrónico Común AGE (https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html ) o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico cartadepago@granada.org. Por favor indique número de autoliquidación 92-4-2020-xxxxxx-x, un teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto.

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¿Se aplaza la legalización de libros contables?

El Colegio de Registradores, considerando la interrupción general de los plazos ordinarios y particularmente la del establecido para formulación de cuentas, extiende la suspensión a la legalización de los libros en el Registro Mercantil hasta el final del mes siguiente al tiempo límite otorgado para la formulación de cuentas. Esto es, cuatro meses desde el fin del estado de alarma o sus prórrogas.

Para más información:

ARTICULO DE DIARIOLALEY

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Nota informativa COVID-19 (VI)

Estimados clientes:

Como continuación de nuestra anterior Nota Informativa V, les adjuntamos la nota informativa VI, en la que tratamos los CAPÍTULOS II  y III, así como las Disposiciones Transitorias, Adicionales y Finales del  RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, en los aspectos que hemos considerado más interesantes para ustedes.

Como siempre quedamos a su disposición para cualquier aclaración o consulta.

Esperando que sigan bien, reciban un cordial saludo.

NOTA INFORMATIVA VI

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NOTA INFORMATIVA para la gestión de la situación de «Emergencia Nacional Sanitaria»ocasionada por el #COVID19. ASPECTOS EMPRESARIALES Y JURÍDICOS MÁS RELEVANTES. (V)

Estimados clientes:

Les adjuntamos nuestra nota informativa V junto con el  RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, publicado ayer, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La finalidad de la norma se estructura en sus tres CAPÍTULOS:

CAPÍTULO I.- Medidas de carácter social dirigidas al apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, haciendo especial hincapié en aquéllos que más lo necesitan.

CAPÍTULO II.- Medidas con impacto directo en el refuerzo de la actividad económica, así como actuaciones encaminadas a apoyar a empresas y autónomos.

CAPÍTULO III.- Ajustar el funcionamiento de la Administración a las necesidades actuales.

Para ello se prolongan en el tiempo las medidas ya adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020. En tal sentido, se incluye una disposición Final duodécima en la que se determina expresamente la prórroga de la vigencia de las medidas adoptadas durante el plazo de un mes tras el fin del estado de alarma, reforzando o desarrollando algunas de ellas para una mayor efectividad.

Dada la extensión de dicho RD-Ley, en esta nota vamos a ocuparnos exclusivamente de su CAPÍTULO I.

En nota o notas posteriores les informaremos de los capítulos II y III de la norma y de sus disposiciones adicionales, transitorias y finales, especialmente en aquellos aspectos que entendemos que pueden resultarles de mayor interés, sin perjuicio de atender cualquier otra cuestión que quieran plantearnos.

Esperando que sigan bien, reciban un cordial saludo.

REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

CAPÍTULO I: APOYO A TRABAJADORES, CONSUMIDORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES.

SECCIÓN 1ª. MEDIDAS DIRIGIDAS A FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES

I.1ª.1 Medidas dirigidas al apoyo del ALQUILER de personas vulnerables

Las medidas adoptadas deben facilitar los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas.

Requisitos comunes a las medidas:

Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.(art. 5).

Han de concurrir todos los requisitos.

a) SITUACION LABORAL:

  • Situación de desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados
  • En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

I. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

II. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

III. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

IV. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

V. En el caso de que el arrendatario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

IPREM MENSUAL 2020, hasta la aprobación de la Ley de presupuestos generales del Estado: 537,84 €

b) PORCENTAJE DE GASTO QUE SUPONGA LA RENTA RESPECTO A LOS INGRESOS:

La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, debe resultar superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Son «gastos y suministros básicos» electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

Es unidad familiar la compuesta por el arrendatario, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

IMPORTANTE: No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando el arrendatario o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

Acreditación de la situación de vulnerabilidad:

a) Desempleo: mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: mediante certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

I. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
II. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
III. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. Se puede solicitar por correo electrónico al Registro de la Propiedad donde tenga inscrita su vivienda habitual o, en su caso, a cualquiera de los Registros de la ciudad donde tenga su residencia habitual incorporando necesariamente fotocopia del DNI de la persona sobre la que se deba expedir la información o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar.

Lista de los correos electrónicos de los Registros de la Propiedad: https://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros- de-la-propiedad

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

En caso de falsedad, el art. 7 del Real Decreto Ley establece una indemnización de daños y perjuicios y gastos producidos.

1.- Requisitos:

Debe tratarse de un arrendamiento de vivienda habitual. El arrendatario tiene que acreditar ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

2.- Efectos:

  • Esta circunstancia será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes.
  • Suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, es decir hasta el 2 de octubre de 2020.

3.- Arrendador en situación de vulnerabilidad:

En caso de que el establecimiento de la suspensión extraordinaria a que se refiere el apartado 1 de este artículo afecte a arrendadores que acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, presentando el escrito y los documentos a los que dicho apartado se refiere, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

Arrendamientos de vivienda que concluyan entre el 2 de abril de 2020 hasta los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma sujetos a la Ley de Arrendamientos urbanos 29/1994:

Previa solicitud del arrendatario cabe una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador y cabe que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.

3.1.- ARRENDADORES PÚBLICOS DE VIVIENDA Y PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS TITULARES DE MÁS DE 10 INMUEBLES URBANOS
(viviendas y locales), O SUPERFICIE CONSTRUIDA DE MÁS DE 1500 M2

Aplicación automática de la moratoria (art. 4), es decir, solicitada por el arrendatario, solo cabe al arrendador escoger entre las opciones que se mencionan.

3.1.1.- Requisitos:

El arrendatario que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica tiene que solicitar la moratoria, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, esto es, hasta el 2 de mayo de 2020.

El arrendatario tiene que encontrarse en los supuestos de vulnerabilidad económica por causa del COVID-19.

3.1.2.- Objeto:

El arrendatario debe solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Si hubiese habido un acuerdo previo a este Real Decreto Ley, incluido el caso de acuerdo de condonación, será aplicable dicho acuerdo previo.

El arrendatario podrá solicitar ayudas transitorias de financiación. En el momento en que las consiga, se extinguirá la reducción o el aplazamiento en el pago de la renta.

3.1.3.- Opciones del arrendador:

Si no hubiese habido un acuerdo previo a esta regulación legal, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

El arrendatario no tendrá penalización y las cantidades aplazadas no devengarán intereses.

3.2.- PEQUEÑOS ARRENDADORES (titulares de menos de 10 inmuebles urbanos (viviendas y locales), o superficie construida inferior a 1500 m2), art. 8.

3.2.1.- Requisitos:

a) El contrato de arrendamiento tiene que ser de vivienda habitual sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

b) El arrendatario tiene que encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por causa del COVID-19.

c) El arrendador1 PENDIENTE DE REGULACION.

3.2.2.- Objeto:

El arrendatario tiene que solicitar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley, es decir, hasta el 2 de mayo de 2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

1 Hay una errata en el texto del Real Decreto ley, pues falta la regulación de la situación de vulnerabilidad económica del arrendador (art. 8.4). Entendemos que no debe suspenderse el pago de la renta y la tramitación de la ayuda al arrendatario tendría que ser preferente, con inclusión de las cantidades que se hayan tenido que abonar durante la tramitación de la misma, es decir, retroactividad de las ayudas transitorias de financiación.

3.2.3.- Tramitación y efectos:

El arrendador tiene un plazo máximo de 7 días laborables para comunicar:

  • Condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta
  • En su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.

Si el arrendador no acepta ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida referida en el artículo 5, ésta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación.

4.1.- Línea de avales (art. 9) única medida actual.

La línea de avales del Estado tiene la finalidad de permitir que las entidades de crédito concedan financiación a un particular para el pago de seis mensualidades de renta de su vivienda habitual, a devolver en un plazo máximo de seis años, sin gastos ni intereses.

Podrán acceder a este aval todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5.

4.2.- Nuevo programa de ayudas al alquiler (art. 10) Pendiente de regulación.

Este programa, pendiente de regulación mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,

Tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a arrendatarios de vivienda habitual que tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan en la orden que se dicte y que no puedan hacer frente a la devolución de los préstamos concedidos.

La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.

4.3.- Nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (art. 11). Pendiente de regulación.

Se sustituirá, mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a dichas personas, bien directamente bien a través de administraciones y empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro o similares.

4.4.- Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (art. 12). Pendiente de regulación.

Se modificará el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Su objeto será añadir un nuevo supuesto que posibilite destinar las ayudas a la compra de viviendas con objeto de incrementar el parque público de viviendas.

I. 1ª.2 Moratoria de la DEUDA HIPOTECARIA para la adquisición de la vivienda habitual. (Art. 16 a 19)

Se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes técnicos para facilitar la aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en sus artículos 7 a 16.
Se define el concepto de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria (Art. 16) sobre el cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones:

a) LABORALES: Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) INGRESOS FAMILIARES: Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
I. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
II. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
III. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
IV. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
V. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

c) IMPORTE TOTAL CUOTAS HIPOTECARIAS: Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 19, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios. Solo tendrán la consideración de «gastos y suministros básicos» los suministrados en la vivienda habitual de la unidad familiar.

d) ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS: cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 19 sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
CONCEPTO DE UNIDAD FAMILIAR: A los efectos del presente real decreto-ley, se entiende la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
CONCEPTO DE POTENCIAL BENEFICIARIO: A los efectos del presente real decreto-ley, quienes estén haciendo frente a una deuda hipotecaria conforme al artículo 19.
En ningún caso resultará de aplicación esta definición para los consumidores vulnerables en el ámbito del agua, el gas natural y la electricidad en los términos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y de este real decreto-ley, ni para la moratoria de deuda arrendaticia a la que se refiere el artículo 3.
ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES SUBJETIVAS: se acreditará por
el potencial beneficiario mediante la presentación de los siguientes DOCUMENTOS (art. 17):
a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
c) Número de personas que habitan la vivienda:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
d) Titularidad de los bienes:

i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
ii. Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del inmueble afecto a la actividad económica y de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria en el caso de que se solicite una moratoria de la deuda hipotecaria.
e) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler conforme a la letra c) del artículo 19, deberá aportarse el correspondiente contrato de arrendamiento.
f) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.
Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a e) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del

COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
Los supuestos que definen la situación de vulnerabilidad económica y acreditación derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria son los establecidos en el artículo 16 del presente real decreto- ley, con las siguientes especialidades (art. 18):

a) Si la persona física fuera beneficiaria a su vez de la moratoria establecida en el artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se tendrá en cuenta su aplicación a efectos del cálculo previsto en el artículo 16.1.c) y d) de este real decreto-ley, para la suspensión de las obligaciones derivadas de los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria establecida en este real decreto-ley.

b) Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un préstamo hipotecario y sin embargo, tuviera que hacer frente al pago periódico, o bien de una renta por alquiler de su vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la cuota hipotecaria por la suma total de dichos importes, incluyendo la renta por alquiler aunque sea objeto de moratoria conforme al artículo 3, a efectos de los cálculos referidos en el artículo 16.1 letras c) y d). Asimismo, a efectos del cálculo de la carga hipotecaria conforme al artículo 16, se utilizará la suma total de dichos importes. Si el potencial beneficiario tuviera que hacer frente a un único préstamo sin garantía hipotecaria y no tuviera que hacer frente al pago periódico de una renta por alquiler de su vivienda habitual, se tendrá en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria a los efectos anteriores.

  1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior se acreditará por el deudor ante el acreedor mediante la presentación de la documentación establecida en el artículo 17 del presente real decreto-ley. El importe de los pagos periódicos para la devolución de la financiación sin garantía hipotecaria se acreditará mediante la aportación del correspondiente contrato suscrito con la entidad financiera.

La moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas se extiende ahora a dos nuevos colectivos (art. 19):

  • Autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica, y
  • Las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.

I.1ª.3. MORATORIA A LOS CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS NO HIPOTECARIOS que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo. (Art. 21 a 26)

Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (art.21).
Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal en los que concurran las circunstancias señaladas en el artículo 16, quienes podrán exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión (art.22).

SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN (art.23):

Los deudores podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de suspensión, la documentación prevista en el artículo 17.

CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN (art. 24).

Una vez realizada la solicitud de la suspensión, en tiempo y forma, el acreedor procederá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas del crédito sin garantía hipotecaria.
La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual alguna. La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida, a través de cualquier medio. No obstante, si el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la suspensión, de acuerdo con las normas generales aplicables.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse las escrituras públicas necesarias para las inscripciones previstas en el párrafo anterior. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que deberá aplicarse automáticamente, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en escritura.
Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos.

DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN: La suspensión tendrá una duración de
tres meses ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.

NOVACIÓN CONTRACTUAL: Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una novación, como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en aspectos distintos a la suspensión a la que se refiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la suspensión de las obligaciones contractuales impuestas por este real decreto-ley y solicitadas por el deudor, así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la suspensión.
EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN (art. 25).

Durante el periodo de vigencia de la suspensión:

a) El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente.
b) No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.
La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas.
La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente real decreto-ley.

CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN FRAUDULENTA DEL DEUDOR
(art.26)

Se aplicará al deudor que se hubiese beneficiado en fraude de ley de las medidas de suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

I. 1ª.4. NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LOS HOGARES. (Disposición
adicional vigésima).

Se amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, las situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

En concreto, durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

I.1ª.5. Derecho a la percepción del BONO SOCIAL por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19. (Art. 28)

Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las personas físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior.

I.1ª.6. Garantías de continuidad del SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE AGUA para hogares mientras dure el estado de alarma (Art.29)

Mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

Asimismo, el periodo de tiempo en que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión del suministro iniciados con anterioridad a dicho periodo.

I.1ª.7. EMPLEADAS DE HOGAR (Art. 30 a 32)

Se crea un subsidio extraordinario temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. La cuantía del subsidio (art.
31) dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción al empleador. Este subsidio es compatible (art. 32) con el mantenimiento de otras actividades y la cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias.

I.1ª.8. Personas trabajadoras con CONTRATOS TEMPORALES (Art. 33 )

Se regula de manera especial la situación de aquellas personas trabajadoras cuyo contrato temporal llega a su fin con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Aunque en el Real Decreto-ley 9/2020 se establecieron medidas para que, en caso de suspensión de contratos, se interrumpa el cómputo de los contratos temporales, esta previsión no evita totalmente que existan finalizaciones de contratos temporales con posterioridad a la declaración del estado de alarma que no estén cubiertos por el sistema establecido para las personas desempleadas por haber estado afectadas por la suspensión o reducción de jornada establecida en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020.

El subsidio por circunstancias excepcionales aplicable al colectivo de trabajadores temporales cuyo contrato se extingue porque llega a su fin se configura sin requisito de carencia precisamente para equiparar su situación en lo posible a la de las personas que sí han sido incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo y que han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la correspondiente prestación de desempleo. El único requisito que se exige es la duración mínima establecida del contrato cuyo fin ha llegado, y que debe ser de al menos dos meses.

SECCIÓN 2ª: MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS:

1) Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (art. 34):

  • Las empresas y trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden, podrán solicitar moratorias de seis meses, sin interés, del pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido por el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria.
  • Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo citados, y la concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud.
  • Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor.
  • Las solicitudes presentadas con falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes, y el reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de ello dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria, sin perjuicio además de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda

2) Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (art. 35):

  • Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social (o los autorizados para actuar a través del Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre abril y junio de 2020, con un interés del 0,5%.
  • Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse dentro de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso.

SECCIÓN 3ª: MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES:

1) Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios (art. 36):

  • Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, los contratos suscritos por consumidores y usuarios de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, aquellos tendrán derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.
  • La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato.
  • En dicho supuesto el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días.
  • En contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori, pero si el consumidor no acepta dicha recuperación entonces procedería la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas por la prestación del servicio. Asimismo, la empresa se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes.
  • En contratos de viaje combinado que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador -o minorista- podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.
  • El organizador -o minorista- deberán efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios si estos solicitan la resolución del contrato,siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los proveedores de servicios efectuaran la devolución, o la cuantía devuelta fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del bono entregado por la resolución.

El organizador –o minorista- efectuarán los reembolsos en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de resolución del contrato o desde la devolución de los importes por los proveedores de servicios.

2) Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (art. 37):

  • Se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o expresa, hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto.
  • Durante el tiempo de vigencia de la declaración del estado de alarma las citadas entidades no podrán realizar las siguientes actuaciones:

a) Actividades de promoción para captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes que recojan cuantías económicas, bonos, bonificaciones, descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de cuotas o premios o cualquier otro mecanismo similar.

b) Emisión de comunicaciones comerciales en los servicios de comunicación audiovisual, incluidos los servicios a petición cuando aquellas sean distinguibles y separables, excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana.

c) Emisión de comunicaciones comerciales que se comercialicen, vendan u organicen por prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas, excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana.

d) Emisión de comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad de la información (incluidas comunicaciones individualizadas en correos electrónicos o medios equivalentes y redes sociales).

  • El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de lo dispuesto la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Puede consultar el real decreto en este enlace:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

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Modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE

Ponemos a disposición de nuestros clientes el modelo de «Declaración responsable».

Se trata de una Orden Ministerial, del M. de Sanidad, que estaba habilitado expresamente en el RDL para hacer interpretaciones y aclaraciones al mismo.

Además de aclarar que los autónomos no están incluidos en la norma y que los representantes de los trabajadores tampoco, regula el modelo que el empleador tiene que darle al trabajador por si tiene que justificar el desplazamiento.

Quedamos a su disposición.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PDF

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Nota informativa COVID-19 (IV)

Estimados clientes:

Les adjuntamos nuestra nota informativa IV junto con el  RD-Ley 10/2020, de 29 de marzo, que regula el permiso retribuido recuperable. En esta nota también abordamos dos cuestiones planteadas por clientes, referentes a la regulación en materia tributaria, para este período de alarma, publicada por la Junta de Andalucia así como el planteamiento ante los arrendamientos vigentes para uso distinto del de vivienda.

Les recordamos que estamos a su entera disposición para ampliar o aclarar cualquier cuestión de las tratadas, así como para contestar otras dudas que tengan sobre cuestiones contenidas en RD-Ley antes indicado.

Les recordamos que si quieren tener más información sobre ésta y otras cuestiones, pueden seguirnos a través de nuestro blog http://blog.bufetepb.com y de las redes sociales Twitter y Facebook

Del mismo modo, les indicamos que, en caso de que no quieran seguir recibiendo nuestras comunicaciones sobre el Coronavirus, pueden indicárnoslo enviando un email con la frase «baja en Comunicación clientes COVID-19» a bufete@bufetepb.com.

  Esperando que sigan bien, reciban un cordial saludo.

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Comunicación clientes COVID-19 (III)

Estimados clientes:

Seguimos informándoles de toda novedad en materia legal que consideramos pueda resultarle de interés. En la comunicación adjunta les desarrollamos algunos aspectos de los avales, líneas de financiación general y específica que el Gobierno ha articulado en el RD-Ley 8/2020, al que hicimos alusión en nuestra anterior comunicación.

Como ya les indicamos estamos a su entera disposición para ampliar o aclarar cualquier cuestión de las tratadas, así como para contestar otras dudas que tengan sobre cuestiones contenidas en dicho RD-Ley y que no hayamos comentado hasta ahora.

Les recordamos que si quieren tener más información sobre ésta y otras cuestiones pueden seguirnos a través de nuestro blog http://blog.bufetepb.com y de las redes sociales Twitter y Facebook

Del mismo modo les indicamos que, en caso de que no quieran seguir recibiendo nuestras comunicaciones sobre el Coronavirus, pueden indicárnoslo enviando un email con la frase «baja en Comunicación clientes COVID-19» a bufete@bufetepb.com.

Esperando que sigan bien, reciban un cordial saludo.

NOTA INFORMATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-

19. ASPECTOS EMPRESARIALES Y JURÍDICOS MÁS RELEVANTES.(III)

Desde el pasado 17 de marzo de 2020 y a consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Gobierno, las distintas autoridades gubernamentales han ido aprobando medidas encaminadas a paliar los posibles efectos de la falta de liquidez de las empresas y autónomos.

A continuación pasamos a detallar algunas de las principales medidas adoptadas:

1.       Líneas    de   avales    para   garantizar   liquidez de            empresas     y autónomos.

El Consejo de Ministros ha aprobado con fecha de ayer, 24 de marzo, el Acuerdo que recoge las características de la Línea de Avales para empresas y autónomos recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La Línea de Avales garantiza los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.

El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones.

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval será asumido por las entidades financieras.

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.

También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.

Los criterios y condiciones particulares las posibles líneas de financiación que garantizarán los citados avales no han sido aún publicados. De acuerdo con la información facilitada por diversas entidades financieras, se espera que a finales de esta semana o principios de la siguiente podamos conocer más detenidamente sus condiciones.

2.     LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ICO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

En la actualidad, con el objetivo de ayudar a las empresas y autónomos afectados económicamente por la pandemia del coronavirus, determinadas entidades ofrecen préstamos ligados a la Línea ICO aprobadas por el gobierno.

Actualmente, las líneas de financiación están dirigidas a los siguientes sectores:

  • Turismo.
  • Transporte.
  • Hostelería.
  • Educación.
  • Actividades recreativas, de ocio y entretenimiento.

En concreto empresas y autónomos con los siguientes códigos CNAE:

Importe máximo por empresa/autónomo: hasta 500.000 euros, en una o varias operaciones.

Conceptos financiables: Necesidades de liquidez financiables a través de la Línea Empresas y Emprendedores.

Proyectos de digitalización y en particular los destinados a fomentar soluciones de teletrabajo recogidos en el programa Acela Pyme

Modalidad: préstamo.

Tipo de interés: fijo, hasta el 1,5% (TAE máxima incluidas comisiones).

Plazo de amortización y carencia: De 1 a 4 años con 1 año de carencia de principal.

Comisiones: la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación, además de, en su caso, la de amortización anticipada.

Garantías: a determinar por la entidad de crédito, excepto aval de SGR/SAECA.

Vigencia: se podrán formalizar préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020.

Entidades que gestionan estas líneas: SANTANDER, BBVA, CAIXABANK, BCC (GRUPO CAJAMAR), B. COOPERATIVO, BANKINTER, CAJA RURAL DE TERUEL, LIBERBANK, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, CAJA RURAL DE NAVARRA, CAJA RURAL DE JAÉN, CAJA RURAL DE ZAMORA, CAJA RURAL DE ASTURIAS, GLOBALCAJA, CAJA RURAL DE ARAGÓN (BANTIERRA), CAJA RURAL DE GRANADA, UNICAJA, ABANCA. Este listado de entidades irá podrá sufrir variaciones conforme otras entidades se vayan adhiriendo.

Finalmente, mencionar que estas medidas complementan a las ya aprobadas por determinadas Comunidades Autónomas y organismos locales. Es el ejemplo de la Comunidad Autónoma Andaluza que aprobó Avales de hasta el 80% para créditos a pymes y autónomos por la crisis del COVID-19:

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/1510 99/economia/avales/prestamos/pymes/autonomos/coronavirus/AgenciaIDEA.

3.     OTRAS     LINEAS     PARA     EMPRESAS     QUE DESARROLLAN PROYECTOS DE I+D+I

Finalmente, tanto a nivel Estatal como Autonómico se han lanzado otras medidas o mejorado determinadas líneas de financiación para empresas que desarrollan proyectos de I+D+i y de las que recogemos las principales:

  1. Agencia IDEA (Junta de Andalucía)

Refuerzo y ampliación del plazo de presentación de proyectos – Línea e.1) de Transformación Digital de las PYME.

http://www.agenciaidea.es

  • Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (Nacional) flexibiliza el programa INNVIERTE para llegar a más pymes innovadoras.

http://perspectivacdti.es/cdtioficial-flexibiliza-el-programa-innvierte- para-llegar-a-mas-pymes-innovadoras/

  • Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (Nacional) modifica condiciones en Proyectos de I+D+i (eximen garantías, ampliación de fondos…)

http://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actu alidad/Coronavirus/8099_193193202082839.pdf

  • Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (Nacional) amplía plazos de justificación de ayudas parcialmente reembolsables de proyectos de I+D+i.

http://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&i ddocumento=7788

  • Extensión plazos de presentación de propuestas H2020.

https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/horizonte-2020-covid- 19-extension-del-plazo-convocatorias-y-causa-de-fuerza-mayor

Esperamos que esta información sobre cuestiones prácticas de las medidas económicas adoptadas durante el estado de alarma por COVID19 sea de su interés.

Les saludamos atentamente.