Categoría: Noticias

Por Ignacio Hidalgo Pérez, abogado.

Bufete R. Pérez de la Blanca y Asociados

          No son pocos los casos, cada día más frecuentes, en los que los abogados (en este caso, asesores fiscales) nos encontramos en una posición complicada, debido a la presión que las administraciones (fundamentalmente, fiscales) ejercen en aras de la lucha contra el fraude fiscal y la investigación de aquellas operaciones que pueden entenderse como planificadas para evadir o mitigar una determinada tributación.

          Es cierto que los aspectos a considerar son muy diversos, ya que debemos conjugar la lucha contra el fraude con aspectos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, el secreto profesional y otras quizás en un segundo plano, pero no menos importantes, como serían la denominada economía de opción o la lícita planificación fiscal.

          En esto estamos cuando la UE, mediante la Directiva  2011/16, (Denominada Directiva de Cooperación Administrativa y conocida por su acrónimo DCA), estableció un sistema para la cooperación administrativa segura entre las autoridades tributarias nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y determinó las normas y procedimientos para el intercambio de información a efectos fiscales. Desde su promulgación en 2011, dicha directiva ha sido complementada y ampliada mediante otras directivas específicas,  2015/849/UE, 2016/881/UE,  2018/822/UE, 2020/876/UE o 2021/514/UE.

          Ni que decir tiene que las obligaciones de información de todos los intervinientes en relaciones comerciales cuya implicación fiscal alcance a varios estados miembros, se han venido ampliando y concretando cada vez más, lo cual provoca no pocos conflictos en relación, como indicamos al principio, con el deber de secreto profesional o la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente.

          La referida directiva 2011/16/UE establece que todos los intermediarios implicados en planificaciones fiscales transfronterizas potencialmente agresivas (mecanismos que pueden llevar a la elusión y evasión fiscales), han de informar sobre estos a las autoridades tributarias competentes. Están sometidos a esta obligación quienes participen en la concepción, la comercialización, la organización o la gestión de la ejecución de tales planificaciones. También lo están quienes presten asistencia o asesoramiento a tal efecto, o, en su defecto, el propio contribuyente. No obstante, cada Estado miembro puede conceder a los abogados una dispensa de tal obligación cuando esta sea contraria al secreto profesional protegido en virtud del Derecho nacional. No obstante, en tal caso, los abogadosintermediarios han de notificar sin demora sus obligaciones de comunicación de información frente a las autoridades competentes a cualquier otro intermediario o al contribuyente interesado.

          No deja de ser una incongruencia el hecho de que un abogado quede dispensado de informar a la administración de dichas operaciones, en virtud del deber (y derecho) de secreto profesional, pero deban comunicar al resto de operadores o intervinientes su obligación de información frente a las autoridades competentes. Es decir, no, pero sí…

          Esta situación se planteó con la legislación belga, lo que provocó que dos asociaciones profesionales recurrieran esa obligación de información a los demás intervinientes, frente al Tribunal Constitucional de su país, alegando que dicha obligación implicaba directamente violar el secreto profesional al que se encuentran obligados respecto a su cliente.

El TC belga elevó la correspondiente consulta al TJCE, quien se ha pronunciado recientemente (asunto C-694/20 | Orde van Vlaamse Balies y otros), determinando que el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege la confidencialidad de la correspondencia entre particulares y protegiendo de forma especial esa confidencialidad cuando va referida a las comunicaciones entre los abogados y sus clientes. Esta protección específica del secreto profesional de los abogados queda justificada por el hecho de que tienen encomendado un cometido fundamental en una sociedad democrática, cual es la defensa de los justiciables. Esta misión exige que cualquier persona pueda dirigirse a su abogado con plena libertad, posibilidad que se reconoce en todos los Estados miembros. El secreto profesional cubre igualmente el asesoramiento jurídico, tanto en lo que respecta a su contenido como a su existencia. Es decir, el hecho de revelar, no ya el contenido de las comunicaciones, sino la existencia misma de la relación entre el abogado y su cliente, supone una violación directa del secreto profesional, a no ser, claro está, que medie consentimiento expreso del propio cliente, en cuyo caso, ya no habría conflicto alguno.

          Esta obligación de notificación supone una clara injerencia en el derecho al respeto de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes, garantizado por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Habida cuenta de que los demás intermediarios están obligados a informar a las autoridades tributarias competentes de la identidad y de la consulta del abogado, esta obligación implica también, indirectamente, una segunda injerencia en el derecho al secreto profesional.

  Esta obligación de notificación supone una clara injerencia en el derecho al respeto de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes, garantizado por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

          El TJCE, aún partiendo de la idea de que la Directiva comunitaria se incardina en el ámbito de la cooperación fiscal internacional (europea, en este caso), cuyo objetivo no es otro que contribuir a la prevención del riesgo de elusión y evasión fiscales, y que, como tal, se trata de un objetivo de interés general reconocido por la Unión, considera no obstante que la obligación de notificación que incumbe al abogado sujeto a secreto profesional no es necesaria para alcanzar ese objetivo, ya que todos los demás intermediarios están obligados a transmitir a las autoridades tributarias competentes esa información, no pudiendo ninguno de ellos excusarse en la ignorancia de sus obligaciones de comunicación, claramente establecidas y delimitadas en la propia directiva, que les vincula expresamente.

          El hecho de que, al margen de la participación del abogado intermediario, todos los demás intervinientes  -siempre que no estén a su vez sometidos al referido secreto profesional- tengan la obligación de comunicación de información (incluyendo el propio cliente o contribuyente) garantiza, en principio, que la Administración tributaria sea informada. Tras recibir tal información, la Administración podrá solicitar información adicional directamente al contribuyente interesado, que puede dirigirse entonces a su abogado para que le asista. También podrá la Administración ejercer un control de la situación fiscal de dicho contribuyente.

          En consonancia con todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que la obligación de notificación establecida en la Directiva no es necesaria y vulnera, por lo tanto, el derecho al respeto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente.

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Desde la entrada en vigor de dicho Decreto ley y hasta el 31-12-2021 el tipo único para ITP será del 7% y para AJD del 1,2%.

El Gobierno andaluz aprueba la modificación extraordinaria y urgente del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto legislativo 1/2018, de 19 de junio, como medida para paliar temporalmente los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.

De conformidad con la exposición de motivos, la modificación persigue un doble objetivo: por un lado, «impulsar y reactivar el sector inmobiliario gravemente afectado por la crisis»; y, por otro, «aliviar de manera considerable la carga fiscal en su acceso a la vivienda para la ciudadanía que, previsiblemente, va a sufrir los efectos más severos de la crisis económica derivada de la pandemia.»

La medida en cuestión, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, es decir, el 28 de abril de 2021, consiste en la simplificación de los diferentes tipos impositivos de dicho impuesto, que en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales -exclusivamente para supuestos de transmisión de inmuebles y constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los de garantía- quedan reducidos a un único tipo del 7% (actualmente eran del 8, 9 y 10%), del mismo modo que, en la modalidad de Actos Jurídicos (Documentos Notariales), el tipo de reduce del 1,5% al 1,2%.

Estás modificaciones tienen carácter extraordinario y temporal, siendo su vigencia desde el día de su entrada en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Bufete R. Pérez de la Blanca y Asociados

Desde el momento en el que, tras la declaración del estado de alarma, se obligó a muchos negocios -no esenciales- a cerrar sus puertas, se suscitó la cuestión si quienes regentan los mismos pueden o no reclamar la pérdida de beneficios como consecuencia de la paralización de su actividad.

A estos efectos, se puede plantear la reclamación al Estado o a la Administración que ha obligado a ese cierre, a modo de responsabilidad patrimonial o a la luz de la propia ley reguladora del estado de alarma, si bien, si el negocio cuenta con una póliza de seguros que cubra la perdida de beneficios por cierre, habrá que valorar si es posible reclamar a la entidad aseguradora.

Ha sido a raíz de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona de 3 de febrero de 2021, cuando más fuerza ha recogido esta última posibilidad. Pues bien, a continuación, analizaremos los aspectos que debemos tener en cuenta para determinar la posible cobertura del seguro suscrito por la paralización de un negocio, a consecuencia de la legislación estatal dictada por la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, para poder plantearnos la posibilidad de reclamar al seguro el daño económico sufrido por el cierre del negocio, debemos tener en cuenta si en nuestra póliza de seguro en el condicionado particular se contiene una cláusula “delimitadora del riesgo cubierto”, que contempla el supuesto de pérdida de beneficios por paralización de la actividad negocial o, lo que es igual, el lucro cesante.

Ahora bien, lo normal es que las pólizas “multirriesgo” suscritas por los negocios dentro de la cobertura referida al lucro cesante o pérdida de beneficios, sujeten la cobertura a la existencia de un daño material previo (puede ser incendio, inundación, etc) que lo que hace es delimitar el riesgo consistente en esa pérdida de beneficios, esto hace necesario estudiar esas cláusulas de delimitación del riesgo para ver si el supuesto que nos ocupa puede tener cobertura. Caso de no existir esa delimitación, algo poco habitual, o que no se haya hecho de un modo correcto de acuerdo con la normativa vigente, podremos entender que el siniestro está dentro de nuestra cobertura.

Al hilo de lo anterior, delimitado el riesgo consistente en la pérdida de beneficios, hay que observar si en el resto del condicionado (general o particular) se excluye este riesgo en el caso concreto -por pandemia o resolución gubernativa- y, lo más importante, si la clausula responde a una limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, su validez y oponibilidad vendría condicionada al cumplimiento de los especiales requisitos, de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito de acuerdo con el artículo 3 LCS. Si la exclusión, como ocurrió en el caso analizado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, no se hizo cumpliendo los requisitos antes señalados, esa clausula limitativa es nula, lo que a la postre determina que nuestro seguro deba indemnizarnos por la pérdida sufrida.

Por otro lado, es posible que nuestra póliza recoja dentro de su cobertura los riesgos extraordinarios pudiendo estar estos delimitados en la póliza -en cuyo caso habrá que analizar si el supuesto es subsumible a la realidad actual- o que se remitan a la ley, más concretamente, al Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios. Ahora bien, en este caso, situaciones como la pandemia o la resolución gubernativa de cierre no tendrán cobertura, pues éste considera como acontecimientos extraordinarios:

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: los terremotos y maremotos, las inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Así las cosas, a modo de resumen, la cobertura del seguro por cierre de mi negocio a raíz de la legislación estatal dictada por la pandemia del COVID-19, requiere:

• Una cláusula “delimitadora del riesgo cubierto” que contemple el supuesto de pérdida de beneficios por paralización de la actividad negocial o, lo que es igual, el lucro cesante. Caso de recoger la cobertura otros riesgos, como riesgos extraordinarios, que se recoja la situación de pandemia o resolución gubernativa, pues la remisión al Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios excluye la cobertura.

• Que la propia delimitación del riesgo por remisión a algún daño material previo no permita excluir esa cobertura inicial.

• Si el condicionado general o particular contempla expresamente la limitación del riesgo cubierto (pérdida de beneficios), por ejemplo, por “paralización por resolución gubernativa ante una pandemia”, al tratarse de una limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, su validez y oponibilidad vendría condicionada al cumplimiento de los específicos requisitos, de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito (art. 3 LCS), de manera que de no cumplirse éstos, esta exclusión no tendrá efecto y permitirá que el seguro responda.

Arranca la campaña de #Renta para la que ya está disponible el servicio de obtención de datos fiscales de forma telemática, a través de la web de la AEAT.

𝟕 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝐦𝐢é𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬):arranca la campaña con presentación por internet de las declaraciones.

𝟒 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨 (𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬):ya se puede pedir cita previa para ser atendido por teléfono.

𝟔 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨 (𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬):empieza el plazo para confeccionar la declaración por vía telefónica.

𝟐 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨 (𝐦𝐢é𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬) :las oficinas de la AT ya atienden para la campaña de la renta.

𝟐𝟓 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨 (𝐯𝐢𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬): finaliza el plazo para declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.

𝟐𝟕 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨 (𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬):se puede solicitar ya cita para confeccionarla en oficinas de la AEAT.

𝟑𝟎 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨 (𝐦𝐢é𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬):finaliza la campaña de la renta.

Para contactar con nosotros si desea cualquier información sobre este servicio.

Calendario completo en la web de la Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2021_HTML/Calendario/Calendario.shtm

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Ley 8/2020

En los últimos meses se ha venido recibiendo de forma recurrente en este Organismo Estatal consultas procedentes de la estructura territorial sobre el alcance e interpretación que deba darse a apartado 5 de la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3655/2020), de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuyo tenor literal se transcribe a continuación: «5. Las empresas que incumplan este compromiso (mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad) deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar».

En concreto, dichas consultas han venido planteando la duda relativa al mantenimiento de las exenciones citadas (las contempladas en el artículo 24 del citado RD Ley 8/2020 (LA LEY 3655/2020)), en el caso de no respetar el compromiso de mantenimiento del empleo por parte de la empresa respecto a algunos de los trabajadores afectados por el ERTE, cuestionándose si procede la devolución las cantidades correspondientes a la totalidad de los trabajadores afectados por el ERTE o sólo de las cuotas exoneradas correspondientes a aquellos afiliados que han visto extinguida su relación laboral antes del periodo de seis meses.

Dado el contenido del texto de la norma trascrito anteriormente, cuya la literalidad lleva en principio a interpretar que la pérdida de los beneficios debe ser total, al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento del mantenimiento del empleo, y teniendo en consideración las argumentaciones realizadas en las consultas recibidas acerca de lo dispuesto en la exposición de motivos del RD-Ley 8/2020 (LA LEY 3655/2020), en el sentido de que las exoneraciones reconocidas por el mismo «(…) contribuyen a reducir el coste de mantenimiento de las empresas gravemente afectadas por la paralización de la actividad económica con motivo del COVID-19.» y que la perdida de la totalidad de las exoneraciones en caso de producirse el despido de uno de los trabajadores afectados sería una consecuencia excesivamente gravosa para la empresa ante el incumplimiento de la salvaguarda del empleo producido, y que por lo tanto tal gravosa consecuencia podría entenderse contraria a la finalidad con la que fueron creadas dichas exoneraciones, por este centro

directivo se ha sometido la cuestión a la consideración de la Dirección General de Trabajo de este Ministerio, al objeto de que nos trasladase su criterio al respecto.

Recientemente el citado centro directivo nos ha comunicado su criterio sobre la cuestión planteada, señalando que el citado apartado 5 de la Disposición Adicional Sexta debe ser entendido según el sentido propio de sus palabras: «Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas.» Esto es, las empresas que incumplan el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad y en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3655/2020), deberán reintegrar la totalidad de importe de las cuotas que, por aplicación de las diferentes exoneraciones vigentes en cada momento, hubiesen dejado de ingresar, al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento del mantenimiento del empleo.

Razona el citado centro directivo en su respuesta que Igual que establece el alcance subjetivo de la obligación de mantenimiento personas afectadas por dichos expedientes y no la plantilla de la empresa– se establece el alcance objetivo de sus consecuencias- reintegro de la totalidad– sin que quepa deducir que alcanza sólo el importe de las exoneraciones correspondientes al trabajador que es despedido (como es el caso, del artículo 15.2 de la Ley 3/2012: de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral: En caso de incumplimiento de esta obligación, deberá reintegrar lasbonificaciones aplicadas respecto de dichos trabajadores, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LA LEY 2611/2000)).

Además, según señala la Dirección General de Trabajo, otras razones de fondo que avalan la anterior conclusión:

«a) El carácter excepcional de la medida, se establecen un conjunto de medidas excepcionales y extraordinarias como consecuencia de la situación derivada de la pandemia que conllevan unos compromisos u obligaciones de idéntica naturaleza con un objetivo capital: la preservación del empleo.

• No se trata de una sanción– el reintegro de la cuantía de las exoneracionesen puridad, por lo que no se considera se hayan de aplicar los criterios de proporcionalidad que se dicen en el escrito de consulta y de resultas de los cuales la cuantía de la sanción que se imponga ha de ser la estrictamente necesaria para que aquella cumpla su finalidad de reproche («según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social» dice literalmente la citada disposición adicional).

La medida lo que debe ser es proporcional al objetivo que se persigue y al contexto de excepcionalidad en la que se adopta.

Como decimos el reintegro de las cotizaciones dejadas de ingresar por la empresa se vincula a lo que se dice en el apartado 1 de la disposición adicional sexta «Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 del presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa». Es esta misma razón de vínculo entre la medida extraordinaria y compromiso de mantenimiento de empleo lo que lleva a extender, dentro del ámbito de la obligación de compromiso, a los expedientes de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y a los expedientes de regulación de empleo denominados de «rebrote» cuando a estos se aplican las citadas exoneraciones.

• No puede perderse de vista su objetivo: garantizar el empleo de aquellos trabajadores respecto de los cuales ha sido necesario adoptar medidas temporales por la situación de crisis; que la empresa, en suma, restablezca su situación previa o de partida, objetivo por el cual se ha tomado la decisión de exonerar aquella, en todo o en parte, de sus obligaciones de ingreso.

El reintegro de las cotizaciones sólo respecto de las personas trabajadoras que fuesen despedidas no se corresponde con el objetivo perseguido y además provocaría el despido de aquéllas por razón de una menor o mayor cuantía del reintegro. Por esta misma razón, el mantenimiento se refiere a las personas trabajadoras afectadas y sólo a ellas, de manera que no se entiende cumplida la obligación cuando se mantiene la integridad numérica de la plantilla.»

Concluye la Dirección General de Trabajo en su contestación que, ya por la literalidad de lo establecido en el apartado 5 de la disposición adicional sexta y de acuerdo con las pautas interpretativas del artículo 3.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889), ya por lo que respecta al espíritu y finalidad de la disposición legal, con independencia que se comparta o no la rigurosidad de la medida, parece que ha sido la voluntad clara del legislador vincular los beneficios en la cotización aplicables con relación a los expedientes de regulación temporal de empleo a un objetivo de mantenimiento del empleo en la empresa que se beneficia de los mismos.

Finalmente, informa la Dirección General de Trabajo que la Tesorería General de la Seguridad Social ha mostrado su conformidad (informe de 10-11-2020) sobre los criterios recogidos más arriba.

LDGB 12-11-2020

Por Ignacio Hidalgo Pérez.
Bufete Pérez de la Blanca y Asociados

Con carácter general, el art. 66 LGT, establece que «prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: […] c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías». El plazo de dicha prescripción comenzará a contarse, según el art. 67 de la misma Ley, «en el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado».

Ahora bien, hemos comenzado expresando que dicha determinación del momento en que comienza el plazo de prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, lo es «con carácter general». ¿Qué queremos decir con eso? Pues, simplemente, que, frente al caso o criterio general, debemos contemplar la existencia de supuestos específicos en los que el «dies a quo» para computar el inicio del período de prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, será diferente y deberemos situarlo en otro momento.

«Frente al caso o criterio general, debemos contemplar la existencia de supuestos específicos en los que el «dies a quo» para computar el inicio del período de prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, será diferente y deberemos situarlo en otro momento.»

Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 11-06-2020, con motivo de un recurso de casación interpuesto por un contribuyente. Ahora bien, creemos necesario comenzar situando el supuesto fáctico que lleva al TS a fijar este nuevo criterio interpretativo.

Una sociedad mercantil «A» declaró como gasto deducible en su Impuesto sobre Sociedades unas comisiones que había pagado a otra sociedad mercantil «B», quién, a su vez, declaró el correlativo ingreso en su Impuesto sobre Sociedades. La AEAT giró inspección a la entidad «A», determinando que dichas comisiones no eran tales, sino que constituían un dividendo por la participación en el capital social de dicha entidad y, por tanto, no podía considerarse como un gasto deducible. Consecuencia de ello, la entidad «B», una vez conocida la firmeza del acuerdo de la Inspección, procedió a solicitar devolución de ingresos indebidos, al entender que, si no era gasto deducible en la entidad «A», no podía considerarse un ingreso en la entidad «B», en virtud del principio de correlación entre ingresos y gastos, por lo que procedía rectificar su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, minorando sus ingresos en el importe de las cantidades que se habían considerado que no eran gasto deducible en la entidad «A». Ahora bien, la particularidad es que dicha solicitud se presentó cuando ya habían transcurrido más de cuatro años desde que finalizó el plazo de presentación de su correspondiente autoliquidación, razón por la que su pretensión fue desestimada en todas las instancias (administrativas y jurisdiccionales), que entendieron prescrito su derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos, lo que dio lugar al oportuno Recurso de Casación ante el TS, planteado por la entidad «B».

Pues bien, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, analiza el supuesto de hecho, determinando que resulta indubitado que la Administración Tributaria debía haber realizado el correlativo ajuste en el impuesto sobre sociedades de la entidad «B», en virtud de los principios que inspiran la justicia administrativa, el principio de buena Administración (implícito en nuestra Constitución y positivizado ahora en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) y la proscripción del enriquecimiento injusto.

Una vez determinado que realmente se produjo un ingreso indebido por parte de la entidad «B», el TS aplica la doctrina de la «actio nata», entendiendo que hasta que el ingreso no es indebido, no nace el derecho a solicitar su devolución, por lo que, aunque la regla general -como indicábamos al principio- es que el inicio del plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos se sitúa en el momento en que se realiza el ingreso de la correspondiente autoliquidación, esta regla no es aplicable cuando el nacimiento del derecho -es decir, la constatación del carácter indebido del ingreso en cuestión- no depende del contribuyente, sino de la propia Administración, que está regularizando a otro obligado tributario y que, como consecuencia de su actividad de comprobación respecto del mismo, termina emitiendo un acto administrativo que comporta que el ingreso del otro contribuyente deba considerarse como indebido.

El TS considera que «la lógica consecuencia del razonamiento expuesto no puede ser otra que la de situar el ‘dies a quo’ del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos en la fecha en la que se constata que el ingreso en cuestión ostenta ese carácter (indebido), que no es otra -en el caso de autos- que aquella en la que la Administración -al regularizar el gasto de otro contribuyente- efectúa una calificación incompatible con la condición del ingreso afectado como indebido”.

Normativa mas importante en relación con los acuerdos sociales en defensa del empleo suscritos por Gobierno, Patronal y Sindicatos.

Por Rosa María Gallego Calvente.

El trabajo a distancia es voluntario tanto para el trabajador como para el empleador. Para que tenga la consideración de trabajo a distancia debe ser de, al menos el 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres meses.

Necesita de la firma de un acuerdo entre las partes previo a la adopción de la medida, y negarse no es causa justificativa de extinción de contrato de trabajo.

El acuerdo es reversible en la forma en que se haya previsto en la negociación colectiva o en el propio acuerdo, a falta de aquélla.

Una vez firmado, el acuerdo debe enviarse por el empleador al representante legal de los trabajadores  y a la oficina de empleo. No hacerlo supone una infracción sancionable.

Contenido mínimo del acuerdo (art. 7):

“a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.

b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.

e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.

h) Medios de control empresarial de la actividad.

i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.”

               Por otra parte, en cuanto a los gastos del trabajador por el trabajo a distancia, el Real Decreto-Ley prevé que no sean asumidos por el trabajador, pero remite a convenios o acuerdos colectivos para su regulación.

               El horario puede ser flexible si bien existirá un tiempo de disponibilidad obligatoria y un sistema de registro horario que permita controlar, con plena garantía del derecho a la intimidad y protección de datos del trabajador, que éste cumple con sus obligaciones laborales.

               En materia de prevención de riesgos laborales, siempre con el consentimiento del trabajador se examinará exclusivamente la estancia donde vaya a desarrollarse la actividad , en otro caso, la prevención se realizará de conformidad con lo que declare el propio trabajador.

               La empresa no puede exigir que el trabajador utilice dispositivos propios.

               Fuera del horario de trabajo, el trabajador tiene derecho a la desconexión digital.

               En cuanto a situaciones de trabajo a distancia acordadas previamente a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, se regularan por los acuerdos colectivos existentes, hasta la fecha en que pierdan su vigencia y después por lo previsto en este Real Decreto-Ley;  y si tales acuerdos no tienen plazo máximo de vigencia, se aplicará este Real Decreto-Ley desde el 23 de septiembre de 2021.

Este Real Decreto-Ley no es de aplicación al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Puede consultar el texto íntegro aquí:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043

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Les dejamos a continuación las medidas preventivas que el Consejo de Gobierno ha aprobado tras el estado de alarma.
La orden refrenda la distancia social mínima de 1,5 metros y el uso de mascarilla cuando no pueda garantizarse esa medida.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/152637/consejodegobierno/Salud/Covid19/normalidad

• ¡¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!
• «Prevención de blanqueo de capitales y derecho a la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente: el secreto profesional»
• HORARIO DE VERANO
• Importante modificación de tipos impositivos en ITP y AJD. Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril
• ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA RECLAMAR AL SEGURO POR CIERRE DE MI NEGOCIO?

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Te explicamos que es el IMV y los requisitos para percibirlo.

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

Se ha aprobado por el Consejo de Ministros el INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) para que las familias más vulnerables puedan empezar a cobrarlo el próximo mes de junio. A continuación, desarrollaremos los aspectos fundamentales del IMV.

CONCEPTO:

El ingreso mínimo vital se trata de una prestación de la Seguridad Social de carácter familiar destinada a aquellos hogares que vivan en una situación de vulnerabilidad, y será compatible con el cobro de otro tipo de rentas otorgadas por las comunidades autónomas.

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO :

Aquellas personas que estén integradas en una UNIDAD DE CONVIVENCIA, entendiendo por tal al conjunto de personas que habitan y disfrutan de forma habitual y permanente en una vivienda con vocación de estabilidad, siempre que estén empadronadas en la misma en el momento de la solicitud, y con independencia de la relación existente entre todas ellas, no pudiendo una misma persona formar parte de dos unidades de convivencia distintas.

Se considera que en una unidad de convivencia se da una circunstancia de pobreza cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales correspondiente al ejercicio anterior al año en el que se presenta la solicitud sea inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda en función de la modalidad y composición de la unidad de convivencia.

               A efectos del IMV se reconocen las siguientes UNIDADES DE CONVIVENCIA:

–             Núcleos familiares que residan en un mismo domicilio y cuenten con «vínculo matrimonial o pareja de hecho», y, por ende, se incluye también a «familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento», para lo que se tendrá que presentar el libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

–             Hogares unipersonales.

–             Hogares conformados por dos o más personas mayores de edad sin hijos.

–             Núcleos familiares de dos o más adultos con menores a cargo.

–             Víctimas de violencia machista que se hayan visto forzadas a abandonar su domicilio habitual.

REQUISITOS PARA SOLICITARLA:

RESIDENCIA LEGAL: Uno de los requisitos indispensables para poder acceder a esta ayuda está relacionado con «tener residencia legal y efectiva en España, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud«.

En el caso de extranjeros, esta circunstancia se deberá acreditar con el registro central de extranjeros o el respectivo documento que demuestre la condición de residente legal, tal y como se deduce del documento. Excepciones:

1.- Solicitantes de protección internacional (ASILO)

2.- Víctimas de trata de seres humanos.

3.-Mujeres extranjeras víctimas de violencia de genero.

EDAD: Los beneficiarios deberán tener más de 23 años y menos de 65 -existe la posibilidad de que sea a partir de 21 años, o de 18 años si tienen hijos a cargo-. Si no tiene menores a cargo, deberá haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud de esta renta mínima vital.

SITUACIÓN LABORAL: Además, deberán estar en búsqueda activa de empleo y demostrar que ha solicitado todas las prestaciones posibles de los diferentes niveles de la Administración.

SITUACIÓN ECONÓMICA: Para calcular si se puede optar al IMV se tendrá en cuenta la renta (rendimientos capital mobiliario, inmobiliario, pensiones y prestaciones, contributivas y no contributivas, públicas o privadas) y el patrimonio (con un máximo de 330.000 euros), pero no computará la vivienda habitual ni las subvenciones finalistas. Además, se tendrán en cuenta las pensiones de alimentos.

Se exceptúan del cómputo de las prestaciones becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda y ayudas de emergencia.

TRIBUTACIÓN: Los beneficiarios están obligados a realizar la declaración del IRPF. Se tomará como referencia para otorgarla los ingresos declarados de 2019, por lo que ya se han cruzado datos con la Agencia Tributaria.

La solicitud se acompañará de una declaración responsable que deberá ser verificada por la Seguridad Social posteriormente.

El silencio administrativo será negativo.

CUANTÍA:

La cuantía que puede ir desde algo menos de los 462 euros para los hogares unipersonales, euros y se iría incrementando en función de los miembros en adultos y en menores, hasta los 1.015 euros en el caso de aquellas familias que estén formadas por dos adultos con más de dos menores a cargo. Habrá un complemento especial (100€) para las familias monoparentales.

Exponemos seguidamente un cuadro ilustrativo de los importes correspondientes al IMV en función de la composición de la unidad de convivencia:

La prestación se cobrará mensualmente.

ADMINISTRACIÓN ENCARGADA:

La Seguridad Social será la encargada de tramitar las solicitudes y controlar el cumplimiento de las condiciones de la ayuda a través de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), medios telemáticos y Entidades Locales (EELL).

Se establecerán cinco canales de solicitud: Ayuntamientos, Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), Comunidades Autónomas, ONGes como CRUZ ROJA (Tercer Sector), y una aplicación telemática.

En este AUDIO Jorge Pérez de la Blanca te explica los requisitos necesarios para percibir el IMV.

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Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual.

Hoy herramientas de protección para autónomos, Pymes y empresas se han activado desde distintas administraciones . Damos nuestra opinión sobre la efectividad de estas medidas.

#Covid19

• ¡¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!
• «Prevención de blanqueo de capitales y derecho a la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente: el secreto profesional»
• HORARIO DE VERANO
• Importante modificación de tipos impositivos en ITP y AJD. Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril
• ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA RECLAMAR AL SEGURO POR CIERRE DE MI NEGOCIO?

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual.

Hoy hablamos de novedades en el ámbito agrario, moratoria de prestamos hipotecarios, de resolución de expedientes de reconocimiento de las obligaciones con cargo al FOGASA, normativa de playas y flexibilización de los desplazamientos.

Día 27 de mayo.

• ¡¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!
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• ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA RECLAMAR AL SEGURO POR CIERRE DE MI NEGOCIO?

Del mismo hay que destacar:

1.- Que desde el 4 de junio 2020 se alzará la suspensión de los plazos procesales.

2.- Desde el próximo día 1 de junio de 2020 se reanudarán, o se reiniciarán si así se hubiese previsto legalmente, los plazos administrativos.

3.- Con efectos desde 4 de junio de 2020 se alzará la suspensión de los plazos de prescripción o caducidad de derechos y acciones.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 5 de mayo.

#Covid_19

Intervención de Jorge Pérez de la Blanca en @radiogranada, programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, aclarando las #dudas sobre aspectos jurídicos de la situación actual .
Dia 4 de mayo.

#Covid_19

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• ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA RECLAMAR AL SEGURO POR CIERRE DE MI NEGOCIO?

Estos horarios entran en vigor el día 2 DE MAYO.

Hoy se publica en el BOE la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Es importante señalar que esta orden indica que «no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física prevista en esta orden.»

• ¡¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!
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